El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano compuesto por expertos independientes, reconoció los esfuerzos de Costa Rica en la aplicación de los derechos contenidos en el Pacto pero señaló como principal motivo de preocupación y de recomendaciones, la falta de rigor en algunos casos.

El diálogo de Costa Rica con el Comité de las Naciones Unidas concluyó el pasado jueves en Ginebra, en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos luego de varias sesiones de presentaciones e interpelación.

En esa ocasión, el Comité agradeció a Costa Rica “el espíritu constructivo” con el que abordó el diálogo y por el envío de una delegación de alto nivel, representativa de diferentes poderes del Estado y por la paridad de género. El presidente del Comité, el argentino Fabián Salvioli, recordó que los juristas latinoamericanos de su generación se formaron “estudiando la jurisprudencia histórica de la Sala Constitucional de Costa Rica y otras de sus instituciones".

Por su parte, el Vicecanciller Alejandro Solano, en su calidad de Jefe de la Delegación, señaló que Costa Rica “se toma estos ejercicios con mucha seriedad y además son una excelente oportunidad para reflexionar y adoptar medidas sobre el cumplimiento de los convenios de derechos humanos”.

A continuación ofrecemos a nuestros lectores un extracto del documento publicado este miércoles sobre los diálogos que sostuvieron.

En el ámbito institucional, el Comité señaló su preocupación por los recursos insuficientes que se asignan a la Defensoría de los Habitantes y a la Comisión Interinstitucional para Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos “que no alcanzan para el eficaz desempeño de sus funciones”. (Principios de París y Art. 2 del Pacto).

En la lucha contra la discriminación, el Comité reconoció los esfuerzos del Estado pero le preocupa la persistencia de la discriminación estructural contra los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, la estigmatización contra personas migrantes, asilados y refugiados y la discriminación contra personas con discapacidad.

Además, señala el Comité, “preocupa la ausencia de un marco legal general contra la discriminación que incluya una prohibición de discriminación por todos los motivos enumerados en el Pacto (art. 2 y 26)”.

Los expertos tomaron nota de las medidas para luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género pero señalaron “la falta de una política de abordaje integral de la discriminación”.

Sobre informes de casos de abuso y violencia, incluso por parte de agentes policiales contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) lamentaron que el Estado “no haya facilitado información sobre las investigaciones llevadas a cabo (arts. 2,7 y 26)”.

También pidió medidas concretas de sensibilización acerca del VIH/SIDA con el objeto de combatir los prejuicios y los estereotipos negativos contra las personas con VIH/SIDA y esfuerzos para garantizar a todos el acceso a tratamiento, educación y trabajo, aun a los migrantes en condición irregular. (arts. 2 y 26).

Entre los derechos de las mujeres analizados, el Comité llamó la atención sobre la igualdad de género, la brecha salarial, las altas tasas de desempleo femenino, pocas mujeres en puesto de elección, la promoción de indígenas y afrodescendientes (Art 3).

El Comité animó al Estado a adoptar medidas especiales temporales para aumentar la participación de las mujeres en la vida pública en todos los niveles del Estado y en puestos directivos en el sector privado.

También se pronunció sobre el derecho al aborto que “únicamente está permitido cuando existe un riesgo grave para la vida y la salud de la mujer embarazada ya que la legislación no permite otras excepciones como en casos de violación, incesto y de discapacidad fatal del feto”. Y lamentó que “en la práctica, el aborto por el único motivo permitido sea inaccesible debido a la ausencia de protocolos que determinen cuando procede su realización, razones por las cuales, pidió que se adecúe la legislación para garantizar que las barreras legales no lleven a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo(arts. 3, 6, 7 y 17 del Pacto).

Sobre la salud sexual y reproductiva el Comité pide a Costa Rica que adopte “rápidamente un protocolo que garantice el acceso al aborto cuando exista un riesgo para la vida o salud de la mujer”; asegurar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes; y programas de educación de carácter formal (en las escuelas) e informal (a través de los medios de difusión y otras formas de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y asegurar su aplicación.

Otro tipo de violencia llamó la atención del Comité de Derechos Humanos de la ONU, es la que se produce en la atención de salud en lo que señaló que se debe “velar por que los casos de violencia contra mujeres en los servicios de salud sean debida y rigurosamente investigados, enjuiciados y sancionados de forma apropiada”.

Fertilización in Vitro. “Aun cuando el Comité toma nota de la adopción del Decreto Ejecutivo N° 39210 del 10 de Septiembre de 2015 sobre la autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro, le preocupa que aún existen obstáculos excesivos para acceder dicha técnica (art. 17 y 23)”.

Violencia contra las mujeres y los niños. El Comité destacó el marco legislativo existente para proteger a las mujeres contra la violencia, pero le preocupa de la prevalencia de la violencia doméstica y los femicidios, así como el bajo número de condenas contra autores de actos de violencia y el número insuficiente de albergues para las víctimas. También preocupa al Comité los altos índices de violencia contra los niños (arts. 3, 6, 7 y 24)".

Sobre el trabajo infantil señaló que deben continuar las medidas para combatir con eficacia el fenómeno de los niños de la calle y la explotación de los niños en general, y organizar campañas de concienciación ciudadana sobre los derechos del niño.

Además, señaló que deben seguir sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en su territorio estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial y registrar a las personas adultas que no han sido registradas, principalmente en relación al pueblo indígena Ngobe-Bugle (arts. 24 y 27).

Derechos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas

El Comité de la ONU pidió agilizar la aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas; garantizar la celebración efectiva de consultas previas con los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales.

Además señaló que el Estado debe “garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios y a la recuperación de tierras inalienables que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; y brindar la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques".

Otra preocupación es la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas sean víctimas de ataques por conflictos de tierra (arts. 27).