Comparada esa capacidad instalada con la demanda máxima registrada el julio de 2018, que fue de 1.674 MW, tenemos que en el país se registra un excedente relativo de 1.568 MW. Los datos son claros: se cuenta con una sobreoferta de electricidad de un 48%.

En detalle, de los 3.242,5 MW de capacidad de generación, unos 1.658 MV son de plantas de energía firme, es decir, por tan solo 16 MV de la demanda máxima nacional no se satisface con energía firme. Esto es en extremo importante pues todos los generadores privados con plantas a filo de agua, siempre han argumentado la necesidad de sus “aportes” al sistema para atender necesidades del país, lo cual resulta insostenible desde cualquier perspectiva y a la luz de los datos oficiales debido a que el ICE ha tenido que desembolsar ₡146.663 millones de colones en pago de electricidad que no necesita.

Según el doctor Osvaldo Durán de FECON: “el país tiene ya una oferta eléctrica más que abundante para satisfacer actualmente, y en el futuro, el crecimiento de la demanda en cualquier escenario. Vista la capacidad de generación en comparación con el consumo máximo registrado en el país tenemos que Costa Rica cuenta con un excedente relativo de electricidad de hasta 1.568 MV. Con esos datos la pregunta más que obvia es ¿cómo podrían el ICE y cualquier empresa privada justificar una supuesta necesidad de generación para el mercado nacional?”

Durán agrega que “¿cómo podrían la Setena y la Dirección de aguas del MINAE, justificar cualquier proyecto privado, como el PH San Rafael de la empresa H Solís, en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, o los que la misma empresa impulsa en ríos de Turrialba, si los datos oficiales demuestran que son innecesarios? Además, ¿cómo podría el ICE justificar la necesidad de otorgar o mantener la elegibilidad de esos y todos los demás proyectos privados, cuando toda la evidencia deja claro que el país no requiere electricidad privada?”

Desde el movimiento ecologista se ha señalado que existe una insistencia de impulsar la explotación energética en país, incluso dentro de Parques Nacionales, abrir el mercado de la generación, distribución de electricidad a empresas privadas. Ante este fenómeno organizaciones sociales y comunidades se han convertido en los focos de cuestionamiento, oposición y freno efectivo a esos proyectos. En el plano institucional, lo que observamos es la colusión de intereses privados para abrir a la competencia mercantil la generación y distribución de electricidad.

Turrialba y Pérez Zeledón defienden sus ríos

Dos regiones geográficas del país, las comunidades que rodean el Río San Rafael de Pérez Zeledón y la zona de Bonilla de Turrialba, son en este momento focos de agria tensión por el enfrentamiento entre las comunidades y la empresa privada H Solís.

Angélica Alvarado, de Ríos Vivos, señala que: “la empresa que se vería favorecida con ingresos por más de 34.000 millones de colones, en caso de que su proyecto hidroeléctrico San Rafael fuera definitivamente aprobado en todas las instancias del Estado, nada de extrañar puesto que, hasta el momento, le han resultado del todo complacientes en todas las instancias estatales que rigen la materia, tales como: Dirección de Aguas, Aresep, Minae, Setena y el mismo ICE. Complacencia que se da obviando toda la oposición que mantiene la comunidad desde hace 6 años en contra de esta represa en el Río San Rafael.”

Barrantes añadió que la generación privada sigue siendo muy inconveniente incluso para casas, industrias y empresas que consumen la electricidad a nivel nacional. Ya que estos generadores privados producen electricidad por encima del costo que lo hace el ICE, que son unos ¢33,64 el Kwh. Por otro lado si lo producen los privados el costo es de ¢55,47 el Kwh.(ii)

La empresa H. Solís además presiona para que le permitan la construcción de los proyectos PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 en comunidades de Turrialba. Esta empresa, Los números de la Contraloría General de la República demuestran que no se trata de generación de electricidad para atender necesidades reales de la sociedad costarricense, si no para elevar las ganancias de algunas empresas privadas.

Para Esteban Brenes, de Ríos Libres de Turrialba, “los costos sociales y los impactos ecológicos de las represas siguen siendo materia olvidada tanto para el Estado como para las empresas privadas.”

Esta es una realidad que tiene relevancia porque son las organizaciones sociales y comunidades afectadas las que han llevado esta discusión a la opinión pública. Es sabido que existe una urgencia de estudiar, comprender y frenar las represas por todos los impactos sociales y ecológicos irreversibles de este tipo de generación.

Es por eso que, en el marco del día mundial contra represas, 14 de marzo, representantes de organizaciones sociales de Costa Rica y de comunidades asediadas por empresas privadas y el Estado, nos reuniremos para dialogar, informarnos, organizarnos y redefinir las líneas al modelo de crecimiento energético y particularmente hidroeléctrico.

Notas:

i) Informe de la Auditoría Operativa Acerca de la Eficacia y Eficiencia en la Asignación de Fuentes de Energía para la Generación Eléctrica, de la Contraloría General de la República (dic. 2016, Pág. 3 y 23). Disponible en: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2017/SIGYD_D_2017000696.pdf

ii) El Mal Negocio De La Cogeneración Privada De Electricidad José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio https://drive.google.com/file/d/1lvYXZzZzTSdDlnusq6pcw-o1yacX-M0r/view?fbclid=IwAR1eBQy-OmKNjWcWt43-jlpARofZ525JrsHouuLUSZVbjIlUW3hziDVwXlI

(* FECON.