Al concluir su CXVII Asamblea Ordinaria, los obispos aseguraron en un mensaje “haber cobrado mayor conciencia del gravísimo problema que constituye el abuso sexual a los menores y a los adultos vulnerables en toda la sociedad. Un crimen que lesiona en primer lugar a las víctimas, pero también a sus familias y a toda la comunidad”.

“Nosotros los Obispos, junto con todo el Pueblo de Dios, pedimos perdón por estos crímenes que han dañado gravemente a los más pequeños del rebaño del Señor. Sin querer juzgar el pasado, admitimos humildemente que no siempre se ha dado la atención debida a estos delitos, ni su lugar a las víctimas de los mismos y sus familias”, plantea el documento.

Los obispos expresaron un firme compromiso de no admitir los abusos sexuales de parte de “los ministros” de la Iglesia, ni de ningún otro “agente pastoral” y mantener una actitud diferete ante las víctimas, dando credibilidad a sus testimonios y ofreciéndoles apoyo espiritual y psicológico en su proceso de sanación.

“En nuestro esfuerzo de erradicar este crimen de los ambientes eclesiales serán de gran ayuda los documentos que nos enviará la Santa Sede, luego de la celebración del Encuentro de Protección de Menores: el Vademecum (Protocolo de acatamiento obligatorio para la Iglesia Universal) y las nuevas normas que sobre este tema emanará el Papa Francisco a través de un Motu proprio”, expresa el comunicado.

Además, los obispos trazaron un plan de trabajo para procurar un ambiente seguro para los menores de edad y los adultos vulnerables en la Iglesia de Costa Rica.

El plan contempla la creación de comisiones interdisciplinarias sobre el tema, reclutamiento seguro de clérigos, religiosos, empleados y voluntarios; crear reglas diocesanas claras para el correcto comportamiento en relación con los menores y adultos vulnerables.

También anuncian la implementación de protocolos para la protección de los menores; fortalecer la educación humana-afectiva entre los candidatos al sacerdocio; establecer acompañamiento a las víctimas y familiares, entre otros.

Según una investigación reciente del sitio AmeliaRueda.com, en la última década 29 sacerdotes han sido acusados de cometer abusos sexuales, mayoritariamente contra menores de edad.

Según dicho estudio, a 10 de estos sacerdotes se les aplicó la pena máxima dentro de la Iglesia, que es la expulsión. Mucho pocos casos llegaron a la justicia ordinaria del país, pues estos procesos se tramitan lentamente en los procedimientos canónicos y cuando concluyen ya están prescritos para la vía penal.