La RedMICA afirmó que la transición a la televisión digital podría impactar positivamente el derecho a la libertad de expresión, al combatir la concentración de medios de comunicación permitiendo el ingreso de más operadores al espacio radioeléctrico.

Sin embargo, denunció que el Viceministerio de Telecomunicaciones y la mayoría de medios se están enfocando en lo comercial, hablando únicamente sobre el proceso de certificación de los televisores que se podrán usar en el encendido digital y en la convalidación de las empresas importadoras de televisores.

Recientemente el Viceministerio de Telecomunicaciones -que actualmente se encuentra acéfalo- presentó el “Modelo de Referencia y el Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre (TDT) 2016-2017” ante la Contraloría General de la República. Este instrumento guiará el proceso antes, durante y después del apagón analógico, previsto para el 15 de diciembre del 2017. Según el Viceministerio, “el modelo fue conocido en sesión de la Comisión Mixta para la Implementación de la TDT en Costa Rica el pasado 24 de febrero; y es de referencia y observancia para todos los actores que forman parte de este proceso”.

La RedMICA cuestionó este proceso, “por qué el documento no fue sometido a consulta de la ciudadanía ni de la Red previo a su publicación, aún cuando dicha Red ha sido participante activa de la Comisión Mixta y es obligación del Estado realizar estas consultas”.

Los medios e iniciativas de comunicación alternativa cuestionan varios contenidos y omisiones del Modelo de Referencia adoptado por empresarios, operadores y autoridades.

Estas interrogantes son las siguientes:

• En el documento nunca se menciona el derecho de la ciudadanía a ejercer la libertad de expresión. La proposición se reduce a los derechos comerciales de los concesionarios y es inaceptable desde la perspectiva universal de los Derechos Humanos, que es la máxima doctrina universal que rige nuestro sistema de derecho.

• En ninguna parte se detalla qué pasará con las frecuencias que actualmente se usan de forma análoga para las frecuencias matriz, ni de las frecuencias repetidoras que dejarán de usar los operadores tras el apagón analógico. Es deber del Estado garantizar que toda frecuencia no utilizada sea devuelta para su reasignación de manera inmediata. Se está ignorando el rol vital de estas frecuencias como las únicas opciones posibles para la democratización del espectro. Es imprescindible que el proceso de devolución de estas frecuencias sea claro y tenga plazos, tal como ha sucedido en todos los procesos de transición a la TDT en países desarrollados.

• Se señala la reserva de espectro para usos de servicio público o comunitario; pero no se define ningún porcentaje de canon de uso del espectro para financiar este tipo de iniciativas. ¿Cuál es el rango concreto del espectro que se dedicará a este tipo de iniciativas? ¿Cómo fomentará el Estado estos proyectos? ¿De dónde saldrán los recursos para financiarlos? No se ofrece financiamiento para nuevos medios públicos o comunitarios ni un mecanismo explícito para otorgar nuevos canales lógicos de programación dentro de los Multiplexores. Esto significa que no hay opciones para que nuevos actores entren a competir en el sector.

• No se regula la participación del Estado en los procesos de entrega de canales lógicos de programación por parte de los concesionarios, con lo cual se institucionaliza el desorden en la regulación del espectro radioeléctrico y se promueve, desde el ente regulador, un modelo de subalquiler de canales de programación, al gusto de los concesionarios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutió el pasado 5 de abril los nuevos desafíos del proceso de implementación de la televisión digital abierta en los países de América Latina, y sus efectos en la libertad de expresión. En la audiencia participaron la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

Gustavo Gómez, director de Observacom y quien recientemente visitó Costa Rica, señaló que el proceso de la migración al formato digital tiene un impacto muy importante sobre un recurso “escaso y valioso que es patrimonio de la humanidad”, refiriéndose al espacio radioeléctrico. Uno de los objetivos de la transición debería ser lograr un sistema de medios con nuevos operadores de los sectores comunitario, público y comercial más diverso y plural que el existente en la actualidad.

No obstante, un estudio realizado por Observacom a principios de 2016 en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, señala que los beneficiados siguen siendo los actores ya existentes. Afirma que el proceso de digitalización en los países de América Latina sigue siendo muy desigual y que el énfasis sigue siendo económico, sin considerar el tema de libertad de expresión respecto a diversidad y pluralidad de contenidos.

También afirma que es preocupante que la mayoría de los Estados de la región está cediendo el espacio liberado en el espectro radioeléctrico, que deja el pase a la televisión digital abierta, a la banda ancha móvil, quitándole espacio a la radiodifusión.