El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, presidente del Consejo Nacional de Rectores -CONARE (FOTO: archivo)

La acción, presentada el 22 de enero, impugna el artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Ley Nº9632 del 28.11.2018), argumenta que el recorte al FEES violenta el artículo 85 de la Constitución Política que dota de patrimonio y rentas propias a las universidades públicas y dice literalmente que "las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.

El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace que reúne a las universidades estatales y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se consolidó en los 511.154,72 millones de colones, monto igual al asignado en el presupuesto del 2018 pero que contempla el 3% de inflación estimada para el año 2019 por el Banco Central.

El Poder Ejecutivo incorporó este monto en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto en la Asamblea Legislativa, las y los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones a la asignación del monto del FEES.

Esto, según la petitoria presentada por los rectores, “significa una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019”.

Henning Jensen, rector de la UCR y presidente de Conare, manifestó que “esto representa un importante primer paso en la defensa de los recursos de la educación superior pública y por hacer valer lo que nuestros constituyentes plasmaron en la Carta Magna, precisamente, para proteger los recursos de la educación, de intereses políticos”.

Ahora la Sala IV debe analizar por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades públicas y pronunciarse.