El gobierno vetó dos aspectos de la nueva “Ley para la reforma procesal laboral” que fue recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y que fue celebrada por el movimiento sindical como la más grande reforma laboral después del Código de Trabajo emitido a mediados del siglo anterior.

 

Uno de los dos aspectos vetados por la presidenta Laura Chinchilla es la posibilidad de huelga en servicios públicos esenciales, “incluyendo aquellos que afecten la vida, la salud y la seguridad de las personas”, manifestó la ministra de Trabajo, Sandra Pisk.

 

El otro aspecto se refiere a una disposición que impide al Estado contratar temporalmente personal para que realice la labor de los huelguistas, por lo cual el servicio podría dejar de prestarse.

 

 Según Pisk, el gobierno ha apoyado la reforma procesal laboral en su conjunto y ha vetado esos dos aspectos “por ser inconstitucionales y contrarios al interés público”.

 

“El veto procede por razones de constitucionalidad y también de oportunidad y conveniencia, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad y eficiencia de estos servicios y de que se presten sin interrupciones que afecten a la población y al interés público”, señaló la ministra.

 

Pese a que el gobierno consideró que esos dos aspectos no alteran esencialmente el espíritu de la nueva ley, el veto deja sin derecho a huelga a miles de trabajadores como los de hospitales y clínicas, los miembros de los cuerpos de seguridad del país, organismos de socorro, empleados municipales y muchos otros que tienen que ver con la salud y la seguridad de las personas.