La CNE debió controlar, por disposición legal, los millonarios recursos que le entregó al Conavi para la construcción dela carretera 1856, en la zona norte, afirman diputados.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha invertido cerca de 17.000 millones de colones hasta marzo de este año en la construcción de la carretera Juan Rafael Mora Porras, paralela a la frontera con Nicaragua, sin ejercer los debidos controles en el uso de esos recursos.
Así lo denunciaron diputados de diferentes fracciones políticas que demandan la intervención del Ministerio Público para sentar responsabilidades.
"La ley 8488 a partir de artículo 13 aclara y especifica cuáles son las obligaciones de la CNE y, entre otras cosas, establece el deber de fiscalizar el gasto que se realiza", dijo a Informa-tico.com el diputado socialcristiano Luis Fishman.
"Obviamente, no era suficiente que el CONAVI fiscalizara el gasto, sino que había una obligación de la CNE de ejercer un control", manifestó el legislador, quien ha pedido la intervención de oficio del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.
"El Ministerio Público tiene que actuar de oficio en este caso, tiene todos los elementos necesario para hacerlo y ojalá lo haga con la prontitud y la eficiencia con que actúa en otros casos", apuntó Fishman.
Una observación similar hizo el martes el diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien desde hace meses viene denunciado la ocurrencia de irregularidades en ese proyecto.
Fiesta de recursos
Fishman comentó que el hecho de que la presidenta haya destituido a su ministro de Transportes por un caso de corrupción en el Conavi, en relación con esa obra, demuestran que los recursos se han malgastado.
"Es una situación en la que hay muchos implicados. Lo que pasó el viernes (con la destitución del ex ministro Francisco Jiménez) fue que se buscó un chivo expiatorio para tranquilizar las aguas y para que la presidenta puediera decir: "vean fuerte que soy, voy a echar a Francisco Jiménez".
Pese a estas situaciones, Fishman afirmó que detener el proyecto "sería un pecado para los pobladores de la zona", por lo que hay que tomar medidas para corregir la fiesta de recursos que se tenían en el Conavi y continuar el proyecto, que se encuentra suspendido por orden del gobierno.