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La ley obliga al MOPT a promover el mayor número posible de prestadores del servicio de revisión técnica, afirman los denunciantes.

Un organización civil planteó este miércoles una acusación penal contra la presidenta Laura Chinchilla por haber prorrogado, según afirman de manera ilegal, el contrato de revisión técnica vehicular a la firma española Riteve SyC por otros diez años.

El Movimiento Dignidad Nacional presentó ante el Ministerio Público la denuncia, que abarca también al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Llach y el viceministro de esa cartera Rodrigo Rivera, por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y favorecimiento personal.

"El artículo 19 de la Ley de Tránsito obliga a las autoridades del MOPT  a promover el mayor número posible de prestadores del servicio de revisión técnica vehicular. Sin embargo, los funcionarios acusados no publicaron el respectivo cartel de licitación del servicio con el fin de favorecer los intereses de Riteve S&C, en detrimento de los talleres nacionales", asegura la organización.

Por su parte, el diputado Claudio Monge, del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que Riteve S&C no puede prestar el servicio de revisión técnica vehicular, porque uno de los socios de la firma española, Marvin Herrera Alvarado, participa en varias compañías de transporte remunerado de personas.

"No es posible que después de tantos años de lucha contra el monopolio privado de Riteve, el Poder Ejecutivo ignore su promesa de campaña y favorezca a la empresa sin ninguna justificación. Costa Rica exige honestidad a Laura Chinchilla y a sus ministros", manifestó Monge.

Tanto el Movimiento Dignidad Nacional como el legislador del PAC, realizaron un llamado a las autoridades judiciales para que "asuman con seriedad y responsabilidad la denuncia interpuesta".

Según los denunciantes, la prolongación del contrato a la empresa española representa "una grave violación a los derechos de la población costarricense".