Mina Bellavista: Carta pública a René Castro

 

Señor René Castro, Ministro MINAET

 Estimado señor:

En mi condición de vecina de la comunidad de Miramar, hago de su conocimiento las denuncias presentadas ante SETENA y Tribunal Ambiental Administrativo en relación aparentes movimientos de tierra que se realizan actualmente dentro de la mina Bellavista, localizada 2 kilómetros al norte de la ciudad de Miramar, en áreas aledañas a zonas de protección hídrica de nacientes Montezuma I y Montezuma II.

Las declaraciones tipo amenaza que en días anteriores hicieron ante la prensa funcionarios mineros parece estarse llevando a cabo.  Supuestamente se están realizando trabajos en las inmediaciones de las fuentes Montezuma I y Montezuma II, por lo que nos encontramos ante una situación en la que sobre el principio de legalidad parece prevalecer una fallida propuesta de evaluación ambiental minera que se encuentra tanto desactualizada y desarticulada en el papel, como derrumbada en el sitio.

Aparentemente los movimientos realizados estarían afectando áreas en las que con anterioridad el Tribunal Ambiental ordenó el retiro.  De comprobarse tal situación, estaríamos ante un incumplimiento de los empresarios mineros que ameritaría sanciones que pueden llevar a la cancelación no solo de la frágil viabilidad vigente que hoy ostentan, sino de la concesión minera que a perpetuidad se jactan de disfrutar.

Ante SETENA hemos solicitado también una investigación sobre la hechura de “nuevos” caminos internos en las áreas aledañas a las fuentes Montezuma I y Montezuma II.  También pedimos se nos indique si  los actuales movimientos de tierra y/o materiales lixiviados, así como la eventual remoción de vegetación u otros dentro de las áreas de protección hídrica de las nacientes Montezuma I y Montezuma II, está contemplados dentro de la frágil viabilidad ambiental vigente aún, en la cual parecen respaldarse los empresarios mineros para realizar las labores que se denuncian.

La empresa responsable de los movimientos denunciados NO es la concesionaria, sino que ostenta un contrato de explotación conjunta, que por encontrarse suspendidas las labores de explotación carece de toda validez en este momento.  Por tal razón, pedimos a su persona que de acuerdo con las investigaciones que se haga de los hechos denunciados, se proceda a cancelar ese contrato entre las empresas por estarse excediendo en los términos para los cuales fue autorizado dicho contrato y no estar respaldado en un estudio de conveniencia para el Estado costarricense.

Sonia Torres Arguedas, Cédula 601260816. Miramar, 31 enero 2012

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cc. Lic. José Lino Chaves, Tribunal Ambiental Administrativo, fax 22537126, Lic. Uriel Juárez Baltodano, SETENA, fax 22537159, Lic. José Fco. Castro, DGM, fax 22340254