Según Trump, estas nuevas minas antipersonales han sido diseñadas específicamente para reducir el daño no intencionado a los civiles “y las fuerzas asociadas”. Entre otras características tienen un periodo de funcionalidad máximo de 20 días y son activadas por control remoto.

La decisión, aplaudida por el Pentágono, tiene el propósito de “no dejar en desventaja militar” a Estados Unidos, defendió Trump.

Sin embargo, la decisión provocó la indignación de personas y organismos en  Estados Unidos y otros países, por considerarla un retroceso de décadas en materia de derechos humanos.

Para Arms Control Association, el principal grupo estadounidense de lobby contra las armas, la nueva política es un "error peligroso". 

"El mundo ha rechazado las minas antipersonales porque no discriminan y hieren de manera desproporcionada a los civiles, que representan la gran mayoría de sus víctimas", dijo Jeff Abramson, miembro de esta organización.  

Según Handicap International, la Convención de Ottawa, que proscribió el uso de este tipo de armas, ha reducido el número anual de víctimas de minas antipersonales: de 30.000 por año a principios de la década de 1990 a 3.330 en 2013. 

Anne Hery, directora de la agrupación y premio Nobel de la Paz por su lucha contra las minas antipersonales, afirmó que “la idea de que las llamadas minas terrestres 'inteligentes' serán más seguras que las antiguas es absurda", agregó. 

"¿Quién le explicará a la madre de una niña víctima que 20 días no fueron suficientes antes de jugar al fútbol en una granja vacía? ¡La única mina segura es la que no se produce!", enfatizó. 

Entre los países que no han firmado la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales, además de Estados Unidos, figuran Rusia, China, India y Pakistán.