3. Declarar que, en lo que respecta al cumplimiento del punto dispositivo segundo de la Sentencia y conforme a lo indicado en el Considerando 26, la prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida.

En consecuencia, debe entenderse que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho derecho tanto a nivel privado como público.

4. Disponer que, en lo que respecta al cumplimiento del punto dispositivo tercero de la Sentencia y conforme a lo indicado en el Considerando 36 de esta Resolución, se mantenga vigente el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia".

Como previsible, el juez Eduardo Vio Grossi (Chile) votó en contra de varias partes de esta resolución y adjuntó un voto disidente.

Será interesante conocer la actitud de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual, por segunda vez en menos de 3 meses, evidencia que sus fallos están en abierta contradicción con lo apreciado por los integrantes de un tribunal internacional. Recordemos que el pasado 16 de diciembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no acreditó la existencia de una emergencia que justificara de modo alguno las condiciones en las que se construyó la denominada "trocha fronteriza" a lo largo de 160 kilómetros de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, a diferencia de la Sala Constitucional.

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
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