Las barras permanecieron durante horas abarrotadas por representantes de las organizaciones defensoras del Agua y comunidades que integran  la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) que promovió y logró cumplir los requisitos de presentación de la que podría convertirse en pocos días en la segunda ley de la República por iniciativa popular: la Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, que llegó al Congreso con el respaldo de más de 170.000 firmas de costarricenses.

Pasadas las 10 de la noche de este lunes y tras horas de intenso debate, el Plenario Legislativo logró el acuerdo para aprobarla en primer debate y enviarla a consulta a la Sala Constitucional. Se espera que en los próximos días regrese al Plenario donde existe consenso para que se convierta en Ley de la República por iniciativa popular, antes de que los diputados de las actual legislatura concluyan su mandato, el 30 de abril próximo.

La primera ley que aprobó el Congreso presentada por el mecanismo de Iniciativa Popular por organizaciones ambientalistas y sociales fue para prohibir la caza deportiva en Costa Rica, con lo cual, nuestro país se convirtió en el primero de América Latina en establecer protecciones adicionales a la especies más amenazadas por esta mala práctica.

El Proyecto había quedado aprobado el jueves en la Comisión de Ambiente con el voto unánime de sus integrantes para un texto consensuado sobre las reformas que se hicieron al texto original del Proyecto de Ley Nº17742.

Los representantes de los agricultores y de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua -ANDA- que participaron con los representantes del gobierno en las negociaciones, dieron fe de que el texto base de la ley es el que se presentó por iniciativa popular aunque se le hicieron reformas, sostienen que no se negoció ninguno de los puntos más controversiales y considerados como “irrenunciables” por la ANDA.

Rolando Castro y Yamileth Astorga, representantes de ANDA presentes en el diálogo en el Congreso, confirmaron que el proyecto de ley aprobado “tiene como base el texto de la Iniciativa popular y significa un gran avance en materia de gestión y administración del recurso hídrico”.

Confirmaron además, que el texto consensuado se basa en los principios del Derecho Humano al Agua, la no privatización y la protección del recuso hídrico, con aplicaciones a la realidad actual en nuestro país.

Uno de los puntos que logró consolidarse se refiere al papel de los Consejos de las Unidades Hidrológicas; tal como quedó en el texto, se le asigna a dichos Consejos la aprobación de los planes hidrológicos y las prioridades de uso del agua; la conformación de estos Consejos será multisectorial. De esa manera se favorece la participación de diversos sectores en la toma de decisiones y el uso del recurso hídrico de cada región.

El otro punto de discusión fue el relativo a la rectoría; se acordó que el MINAE tendrá la potestad de elaborar y dictar las políticas, reglamentos y directrices en materia de manejo, uso y protección del recurso agua, aunque no quedó con el título de “rectoría”.

Los otros ministerios involucrados quedan con un deber de coordinación y de consulta en lo relativo a sus competencias, por ejemplo, en la declaración de zonas protectoras, definición de cánones e instrumentos de planificación.

Otro logro de la negociación, señala ANDA, fue cerrar los portillos para la privatización de los servicios de abastecimiento en los artículos 61 y 270. Textualmente dice que: “Las concesiones de agua para el servicio público de abastecimiento de poblaciones solamente serán otorgadas a los prestatarios autorizados por la ley y a los acueductos comunitarios”.