Organizaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos de varios países aumentaron la presión de una campaña internacional dirigida a gobiernos e instituciones financieras y de cooperación para exigir justicia, mediante una investigación independiente e imparcial del homicidio a sangre fría de Berta Cáceres, que está siendo escuchada. Esta campaña respalda la acción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), al que pertenecía la líder hondureña.

Hace unas semanas, el Banco Finlandés (Finnfund) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), anunciaron que congelaban “con efecto inmediato” el financiamiento de todas sus actividades en Honduras hasta cerciorarse de que los estándares sociales y ambientales se estén cumpliendo, decía el comunicado sobre los motivos del acuerdo.

El FMO ha invertido 15 millones de dólares en Agua Zarca, el Finnfund, el segundo prestamista, había desembolsado 5 millones de dólares y había comprometido 5 millones más. Mientras que el BCIE había desembolsado 9 millones de dólares.

En un comunicado del 16 marzo pasado, el Banco de Desarrollo Holandés informó que “dada la situación actual, con la violencia en curso, FMO decidió suspender todas las actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto significa que no vamos a participar en nuevos proyectos o compromisos y que no se harán desembolsos, incluyendo el proyecto de Agua Zarca”.

El FMO anunció además que una delegación que incluye al director general y director de FMO para el sector de la energía “viajará a Honduras a visitar las comunidades de todo el proyecto Agua Zarca para obtener una comprensión completa de la situación actual. FMO invita a las ONG en su apoyo en esos esfuerzos”.

Esta misión, a la que ahora se suma el BCIE, será realizada “tan pronto como la situación de seguridad lo permita. También vamos a hacer una investigación exhaustiva sobre todos los otros proyectos en Honduras. Sobre la base de cada investigación, se harán nuevas decisiones sobre la participación constante de FMO”.

El proyecto hidroeléctrico se vincula no sólo con la muerte de Cáceres, sino también con los asesinatos de Tomás García, en 2013, Irene Meza Williams, Jacobo Rodríguez Maycol y Ariel Rodríguez García, en 2014, todos miembros del COPINH. También fue asesinado un dirigente local relacionado con el PH Babilonia, en Olancho Honduras. En Panamá se han producido tres asesinatos relacionados con el PH Barro Blanco, proyecto que actualmente se encuentra detenido por graves cuestionamientos y un alto nivel de conflictividad.

Ecologistas increpan al BCIE

Para los ecologistas de la Federación Conservacionista Nacional (FECON) la violación de los derechos humanos vinculada a la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en Centroamérica pone en evidencia que “el BCIE como entidad financiera internacional ha carecido de una política ambiental para sus operaciones y falta de apego a la normativa internacional pregonada por los organismos multilaterales”.

De hecho, señala FECON, “el BCIE no es firmante de los Principios de Ecuador, conjunto de directrices voluntarias para evaluar la condición social y ambiental de los empréstitos y a los cuales se han sumado más de 70 instituciones financieras globales desde 2003”.

La petición internacional de los ecologistas al BCIE exigía una visita de evaluación de alto nivel al Proyecto Agua Zarca y a las comunidades y organizaciones afectadas por el proyecto. También, que dentro del banco se establezcan “las responsabilidades individualizadas del personal directivo, administrativo y técnico, relacionado con un manejo ambiental ilegal de los recursos financieros provenientes de las operaciones de crédito, y una vez identificadas las responsabilidades que se actúe conforme a la legislación hondureña”.

(Ver carta completa: http://www.feconcr.org/doc/BertaNOaguaZbcie%20.pdf)