José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala Penal y uno de los tres garantes éticos del gobierno.

“Señor

Carlos Alvarado Quesada

Presidente de la República

Presente.

Estimado señor Presidente:

            Nos sentimos en la obligación moral de dirigirle a usted esta carta en momentos en que nuestra Costa Rica y el mundo entero enfrentan la pandemia del Covid-19, con graves efectos en la salud, la economía  y demás actividades humanas. Lo hacemos también en ejercicio de la facultad que usted nos otorgara,  en su momento,  como garantes del ejercicio ético en su gestión de gobierno.

            Queremos, en primer lugar, reconocer el manejo transparente, informado, técnico y eficaz que se han hecho las autoridades a cargo de la crisis sanitaria que padecemos. Todo el país ha visto cómo, de manera profesional y responsable, las personas especialistas y expertas en salud pública han sido quienes han tomado la palabra y las acciones requeridas, eliminándose cualquier manejo político indebido. También estimamos de gran valor que este desafío se haya ejecutado con estricto respeto a las libertades y derechos fundamentales de las personas, tal y como debe ser, a pesar de las medidas extraordinarias que por obligación se han tomado.

            Dicho lo anterior, queremos transmitirle nuestra preocupación por el futuro  que nos espera como sociedad y nación. Debemos advertir que la calamidad que estamos sufriendo nos encontró, afortunadamente, con un sistema de salud pública (Ministerio de Salud y C.C.S.S.) con importantes recursos y capacidades, materiales y humanos, que han hecho la diferencia entre     sobrellevar esta crisis sanitaria con márgenes de éxito razonables, y no tener que enfrentar la catástrofe que ha significado para muchos países, incluso de mayor desarrollo y riqueza que el nuestro.  A estas entidades rectoras se han sumado universidades públicas y otras instituciones que han permitido instalar hospitales de emergencia, confeccionar equipos de protección, dar asistencia técnico-profesional y hasta ensayar  alternativas de detección y tratamiento de la enfermedad. La verdad es que todos estos logros nos tienen gratamente impresionados tanto dentro como fuera del país.

            Pero debemos recordar también que esas instituciones que hoy responden a la altura de las circunstancias “no son hijas de las piedras”, como diría el benemérito García Monge, sino el resultado de largas luchas y conquistas sociales de muchas generaciones de nobles costarricenses.  De manera particular la Caja del Seguro Social –cuyo financiamiento obliga al Estado, patronos y trabajadores- es una de las columnas que cimientan y sostienen el pacto social real, surgido del doloroso parto del período 1940-48,  y  que por décadas le ha otorgado al país estabilidad política y social.

            Al tiempo que celebramos su convocatoria a todos los sectores del país para dialogar y ser oídos, queremos respetuosamente instarle a que se continúe tomando aquellas medidas que en definitiva encausen al país, por la senda correcta. No equivocarse en este tema y en este tiempo es fundamental para garantizar la paz social y la salud de la democracia. Hay que refundar la nación sobre las únicas premisas que hacen viable cualquier proyecto humano, a saber, la solidaridad y la equidad, el aporte de cada uno, según su capacidad, y siempre teniendo como fin indispensable el bien común por sobre los intereses de grupo.

            Por eso mismo también nos ha preocupado ver cómo la balanza en este proceso podría ser cargada de manera desproporcionada en los hombros de asalariados y jubilados, sobre todo del sector público. Ya antes de esta crisis se emitieron leyes que procuraron corregir excesos injustificados. Esa tarea está sobradamente cumplida. Pero, aun así, consideramos que este sector puede contribuir una vez más, pero debe ser de manera proporcional al ingreso, en montos razonables y temporalmente limitados.  En todo caso, los cálculos de este nuevo aporte extraordinario, dadas las innumerables cargas sociales que ya pesan sobre salarios y pensiones, deberían hacerse sobre los ingresos netos y no brutos de los contribuyentes. No sería justo ni legal, tampoco, cercenar derechos adquiridos como el aguinaldo o el salario escolar.

            Por otra parte, nos parece importante, tanto desde el punto de vista de justicia, como de la paz social, que parte de la contribución venga de las empresas y personas privilegiadas, que han disfrutado de altos rendimientos en los últimos tiempos. Sea o no que sus ingresos hayan mermado, tienen el deber de aportar de manera razonable a enfrentar esta crisis, habida cuenta de que incluso, algunos de ellos, por su actividad, han visto aumentar o mantenerse su nivel de ingresos.

            Señor Presidente, Usted atinadamente ha llamado a la unidad y la solidaridad. Esos valores deben ser hoy la práctica común. No podemos pedir más solidaridad y unidad, si hay un aporte marcadamente sesgado en contra de algunos que ya contribuyen y están dispuestos a seguirlo haciendo.

            De las decisiones que se tomen, señor Presidente, dependerá si hay aún motivos para celebrar el tan esperado Bicentenario de la Independencia de su programa de gobierno. No podemos darle cabida a las salidas violentas en ausencia de equidad y justicia.

 

Atte. Garantes Éticos.

MARGARITA BOLAÑOS ARQUÍN                      

QUINCE DUNCAN MOODIE

JOSÉ MANUEL ARROYO GUTIÉRREZ”