Los seis imputados en la causa penal están acusados de participar en la protesta pacífica que fue reprimida por la policía aquel 8 de noviembre de 2012, en el gobierno de Laura Chinchilla, cuando la Institución, dirigida por Ileana Balmaceda, se declaró en bancarrota como consecuencia del pésimo manejo de los administradores de turno.

A tres semanas de que inicie el juicio, diversas organizaciones sociales piden “que la Fiscalía General de la República retire la acusación” y denuncian que se trata de “un juicio político” que según sus resultados “podría criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas, al acusarlas penalmente y del movimiento social del país en su conjunto”.

El Comité de Apoyo a los defensores de la Caja, asegura que en la etapa indagatoria la Fiscalía “no logró verificar que los manifestantes detenidos e indagados estuvieran cometiendo ningún acto violento contra la Policía, siendo que la violencia que presenciamos ese día, 08 de noviembre de 2012, fue provocada por la misma Fuerza Pública”.

“La violencia policial y las detenciones de manifestantes pacíficos fueron repudiados con la gran Marcha Nacional de Repudio a la Represión, que se realizó una semana después, el 15 de noviembre de 2012”, agregaron.

“Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo a la población, procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las represalias” sostiene el Comité de Apoyo.

Aquel 8 de noviembre de 2012, la policía reprimió la manifestación que se mantuvo durante varias horas frente a las oficinas centrales de la Caja y detuvo a 35 personas. La mayoría de ellos fueron enjuiciados en los tribunales de Flagrancia y Contravencional, siendo absueltos de toda pena y responsabilidad a pocas horas de su arresto, con excepción de estas seis personas.

Los detenidos y los cargos

El 24 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar del juicio penal contra Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, ambos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores; Luis Alberto Salas Sarkis, pensionado, ex - Secretario General de la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS).

Los otros involucrados en el juicio penal son Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alberto Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODH) y del Centro de Amigos para la Paz.

A Luz Marita Arce y a Mario Alberto Villalobos se les acusa de supuesta obstrucción de la vía pública y de lanzar piedras contra oficiales de policía. A Adrián Jaén se le acusa de resistencia y de golpear con el codo a un policía. Luis Diego Retana está acusado de lanzar piedras y basura a los policías y de obstruir el tránsito.

Luis Salas Sarkis, acusado de obstruir la vía con un vehículo y de instigar a los manifestantes a seguir bloqueándola. A Denis Solís Cruz de golpear los escudos de los policías “al estilo karateca”; todos y todas bajo el Expediente Penal No. 12-005760-0648-PE en la Unidad Especializada en Trámite Rápido del Ministerio Público.

La golpiza, arrestos y heridos

Aquel 8 de noviembre, miles de personas y organizaciones sociales de todo el país se movilizaron hacia San José en defensa de la Caja y la seguridad social.

Los manifestantes, que pensaron que serían recibidos Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, y llevaban un documento para entregarle, a lo que ella se negó.

Lejos de encontrar esa actitud de apertura al diálogo, a las 11:30 de la mañana, un numeroso cuerpo de antimotines, bajo las órdenes de Celso Gamboa (ex-Viceministro de Seguridad durante la Administración Chinchilla Miranda), se desplegó en la Avenida Segunda y sin que mediara advertencia, arremetió violentamente contra los manifestantes entre quienes había niñas, niños y personas adultas mayores.

Ese día fueron detenidos treinta y cinco defensores de la Caja y hubo gran cantidad de personas heridas y golpeadas por la Fuerza Pública.

Por estas razones y como parte de las acciones que aun se realizan en defensa del modelo solidario de la seguridad social costarricense se pide que las personas y organizaciones se pronuncien contra estos y otros juicios de criminalización de la protesta social que avanzan en la vía penal, enviando cartas a los siguientes funcionarios públicos:

Jorge Chavarría Guzmán, Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República. Celso Gamboa Sánchez, Subjefe del Ministerio Público y Fiscal Adjunto de la Fiscalía General. (Ex Viceministro de Seguridad, encargado del Operativo del 8 de noviembre de 2012).

Correos electrónicos: fgeneral@poder-judicial.go.cr, jchavarriagu@poder-judicial.go.cr, cgamboas@poder-judicial.go.cr. Fax: 2256-3503.

Al Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, despachopresidente@presidencia.go.cr, luis.solis@presidencia.go.cr, Fax: 2253-9078.

Con copia a Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa.

Montserrat Solano Carboni, Defensoría de los Habitantes. defensoria@dhr.go.cr, msolano@dhr.go.cr, Fax: 4000-8700.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA. Correo electrónico: cidhexpresion@oas.org

Enviar copia de sus cartas a criminalizacionprotestasocial@gmail.com para tener registro de sus muestras de solidaridad.