El estudio de la CGR abarcó a personas físicas y jurídicas que prestan servicios profesionales en áreas como medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria.

La investigación reveló que 10.893 contribuyentes declararon cero de impuesto de utilidades en los cinco periodos en estudio (de 2011 a 2015). Otros 8,681 lo hicieron en cuatro periodos, mientras que 9.797 en tres periodos.

“En el periodo fiscal 2015, 53.005 contribuyentes (86% del total), tienen el 48 % de los activos y el 30 % de los ingresos brutos de todo el grupo; no obstante, aportan solamente el 9% del Impuesto (¢52.128 en promedio por año)”, puntualizó la CGR.

La Contraloría reconoció, sin embargo, que tanto el control como el cobro de este impuesto se dificulta porque, a raíz de una acción de inconstitucionalidad, la Sala IV suspendió el artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece los mecanismos que facultan a la administración a forzar el pago de los impuestos.

Además, señaló que existe una serie de limitaciones importantes en cuanto a tecnología y sistemas en el sistema tributario que requieren una “atención prioritaria” por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda.

La Contraloría General ordenó al director general de Tributación que elabore un “plan selectivo de control tributario” sobre los contribuyentes que prestan servicios profesionales y que han declarado cero en el impuesto sobre las utilidades.

También le mandó a tomar medidas que promuevan el uso de medios de pago electrónico para facilitar las transacciones, así como el control tributario.