La normativa, que fue promovida por iniciativa popular, establece responsabilidades para los propietarios de animales en cuanto a garantizar las condiciones vitales básicas y un manejo apropiado: buenas condiciones de seguridad, higiene y salud, así como prácticas adecuadas de salud pública.

La ley incluye penas de prisión de tres meses a un año a quien cause daño a un animal doméstico o domesticado, a quien organice o propicie peleas de animales, así como a las personas que incumplan las disposiciones sobre experimentación científica.

Se excluye de estas penalidades el sacrificio de animales en las actividades pesqueras, acuícolas, agropecuarias, ganaderas, entre otras.

También están exentas los actos que se realicen por motivos de piedad, resguardo de cultivos o terrenos productivos, las que tengan fines de investigación, las que se realicen con propósito de resguardar la salud pública y la salud veterinaria, las actividades de crianza o de transporte y los espectáculos públicos con animales que cumplan las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El presidente Luis Guillermo Solís aplaudió esta decisión legislativa , que coincide -expreso- con los esfuerzos que su administración ha hecho desde un principio por proteger a los animales.

“Desde hace muchos años, antes de que fuera siquiera candidato presidencial, adoptamos el bienestar animal como un objetivo de la política y hoy vemos culminado ese esfuerzo que es todavía mayor desde las organizaciones de la sociedad civil”, manifestó el gobernante.

El presidente anunció que la ley se firmaría con un evento especial para celebrar este logro, en fecha próxima.