María del Rocío Sáenz habló con UNIVERSIDAD sobre la Caja que encontró, sobre las gerencias, las medidas de contingencia, el  informe actuarial, las listas de espera, las pensiones y de un esperado retorno a la naturaleza solidaria del Seguro Social costarricense. A continuación un extracto de lo que conversamos con ella.

Usted recibió la Institución en una etapa de crisis o de postcrisis financiera.

-No está en crisis financiera, sin embargo, la situación es de una fragilidad tan extrema que por eso digo que está pegada con chinches. Está vigente el plan de contingencia que se activó para detener la caída en picada de las finanzas institucionales, lo que lograron, pero esta aparente estabilidad es muy frágil, no es suficiente, no se puede quedar ahí. Hemos puesto a trabajar intensamente a los funcionarios para ordenar la información. Con todo lo hecho hasta ahora, todavía no podemos decir a ciencia cierta, cuál es el estado real de salud de la Caja.

¿Cuál fue el plan de contingencia? Porque ayudó, pero usted sostiene que no es la solución.

-Las medidas para racionalizar el gasto redujeron áreas muy sensibles para la población, como las nuevas plazas para la atención de la gente en los centros de salud. Hay un déficit que superará a fin de año las 1.500 plazas, limitó las inversiones en infraestructura, transportes, viajes al extranjero, viáticos, reposición de equipos y otras.

Estas medidas fueron efectivas para detener el aumento de los gastos pero no se pueden mantener por mucho tiempo porque generarían una crisis de precariedad en la prestación de servicios de salud. Esto sería entrar en una fase más profunda de la crisis, muy difícil de recuperar. Estas medidas están limitando seriamente la atención de los asegurados. Por ejemplo, nos limita la organización del segundo turno en los servicios médicos pero lo vamos a lograr, ya veremos cómo.

¿Cómo van a recuperar el equilibrio financiero? ¿Cuáles serían las herramientas? ¿Cómo van a atacar la evasión del pago con la Caja, los grandes deudores?

-Este es tema de preocupación y de ocupación. Hay una campaña sobre la importancia del pago de las cuotas a la Caja para incentivar al sector privado, que incluye también acciones de inspección y cobro. La campaña está dirigida a patronos y trabajadores.

Por otra parte, con el Ministerio de Hacienda se trabaja en un esquema de pago para los diferentes tipos de deuda que tiene el Estado con la seguridad social. Hay conciencia y disposición en el actual Gobierno para poner al día sus obligaciones, estos recursos ayudarían a mejorar la situación financiera. Este es el clamor que hacemos llegar porque la Caja no puede seguir en el estado de contingencia en que está, porque entraríamos en otra fase de la crisis.

A ver, la población y los empleados están conscientes de que la CCSS tuvo una crisis y que hubo que socarse la faja y hubo que adaptarse a todo esto, pero ese estado de contingencia no puede ser tanto y por tanto tiempo, como para que la parta en dos.

Por un lado se toman medidas para frenar el gasto que afectan la calidad de la prestación a los asegurados, y por otro, salen a la luz escándalos de corrupción como de la empresa Synthes con equipos ortopédicos…

-Este tema es muy complejo por su naturaleza. El mecanismo que eligió la Caja buscaba facilitar las cosas para que los cirujanos de ortopedia tuvieran disponibles los materiales que necesitaban en cada caso, lo cual es difícil de prever, pero abrió un portillo para que ocurriera lo que estamos conociendo.

Una comisión de especialistas médicos, administrativos y técnicos de la institución elaboró una lista de más de mil ítems que contiene todos los materiales que usan en ortopedia. Por otro lado, se aprobó una fórmula de compra por consignación, esto quiere decir que la CCSS paga a la empresa sólo los materiales que se usaron; de un stock que la empresa se compromete a mantener a disposición de los hospitales, solo se paga lo que se usa.

La falta de controles administrativos, el desorden, el aumento de la accidentabilidad, de las necesidades de la población adulta mayor, el volumen de casos es tan grande, que facilitó que todos estos factores se confabularan para que ocurrieran irregularidades como las que se conocen.

¿Por qué la Caja acaba de firmar otro contrato millonario con una empresa tan cuestionada?

-Partimos del hecho de que no puede haber desabastecimiento en los hospitales. En el país existen cuatro empresas que suplen los más de mil ítems de ortopedia, ninguna ofrece todos y el contrato recién firmado es con la empresa que tiene específicamente los materiales que se pidieron. Partimos también del hecho de que aquí no se está cuestionando la calidad, ni los materiales, ni la idoneidad de los productos que se han comprado y se van a comprar.

Los que están cuestionados son los procedimientos, la falta de controles y el desorden en los hospitales, y eso ya está en manos del Ministerio Público que está investigando, y va a sentar responsabilidades y señalar procedimientos administrativas y penales, si los hubiera.

Por otro lado, la Caja hizo un estudio de mercado de probables proveedores pero es un proceso que requiere tiempo para tener listo los procedimientos para cambiar de proveedor, llegado el momento. En todo caso, los mecanismos de compras institucionales, así como los proveedores que están inscritos, hay que revisarlos, será parte del proceso que iniciamos en la Caja.

Ante la Fiscalía hemos tramitado varios pedidos para que se avance en las investigaciones sobre los suplementos ortopédicos en los hospitales, pero hasta ahora no se ha producido ninguna medida ni recomendación.

(La CCSS prorrogó contratos por más de 500 mil dólares a Synthes, investigada por la Fiscalía por aparente intento de fraude  por 2,3 millones de dólares en el hospital Calderón Guardia y se está por firmar una compra por 1.240 millones de colones en materiales de ortopedia).

¿Qué pasa con el estudio actuarial que se adjudicó para valorar el régimen de IVM? Hay una gran divergencia entre la Gerencia de Pensiones de la Caja y la Superintendencia de Pensiones, que ha hecho varios llamados de atención.

-Este martes (ayer) se firmó el contrato con la consultora Melinsky, que tendrá seis meses –hasta finales de enero 2015− para presentar el informe. El estudio actuarial es muy pertinente porque la divergencia de criterios entre la Gerencia de Pensiones y la Supén es muy grande. Cada una sostiene posiciones con base en argumentos que no son coincidentes, ambas instancias serán parte del estudio y además, hemos pedido a la Escuela Actuarial de la Universidad de Costa Rica que acompañe el proceso.

Podemos adelantar que lo que viene en pensiones va a requerir que se involucre toda la sociedad costarricense, sea cual sea el resultado del estudio actuarial. Estamos en un punto de inflexión y hay que iniciar ese diálogo nacional sobre diversos aspectos de la seguridad social; nosotros vamos a convocar ese espacio con todos los sectores.

El IVM en particular, ya ha sufrido algunos embates y va a enfrentar un impacto demográfico en pocos años, por el envejecimiento de la población, hay más pensionados viviendo más tiempo, es parte del éxito de nuestra seguridad social,  pero en el otro extremo, tenemos menos gente aportando. Hay que encontrar la fórmula para vigorizar el IVM. No adelanto criterio, no le doy la razón a nadie, hasta que tengamos el estudio haremos propuestas. Se tiene que hacer un proceso bien planteado, planificado y participativo que se va a llevar su tiempo.

¿Qué piensan hacer con las listas de espera en los hospitales?

-Este es otro síntoma de la crisis: la falta de planificación. Nos hemos avocado a hacer el estudio, ya sabemos con precisión que 174 mil personas están en lista de espera, en diferentes especialidades, a nivel nacional.

Teniendo claro lo que hay que atender en cada centro de salud hemos diseñado varias estrategias. Una de las que urge es instalar el doble turno para ampliar los horarios de atención de especialidades médicas, cirugías y tratamientos, otra es evitar duplicaciones en listas de espera que ya se están depurando, y un elemento esencial es la transparencia en la información y darla a conocer a la población.

Usted habla de cambios, algunos como en los casos de compras y contrataciones y de otros como en el régimen IVM que adelantan que habrá reformas institucionales.

-Sí, la principal reforma que nos proponemos impulsar en la Caja es el retorno a la naturaleza solidaria del Seguro Social costarricense, recuperar la mística en la sociedad costarricense, volver a los principios que la hicieron grande, y esto pasa por revisar todas las reformas que se le hicieron y que han desvirtuado algunas de sus funciones primordiales.

Hemos renovado la Junta Directiva, a la que le va a tocar desempeñar un papel fundamental, porque ahí están representados todos los sectores de los asegurados: Estado, cámaras patronales, sindicatos, cooperativismo y solidarismo.

Tenemos cuatro años, vamos a trabajar para llegar a acuerdos en todo lo que se proponga. Vienen tiempos de cambios y necesitamos contar con el apoyo de todos.

“Lo de los gerentes de la Caja es un tema ético”

Usted se ha manifestado a favor de que el puesto que desempeña, la presidencia ejecutiva, desaparezca y que en su lugar se instale una gerencia general. ¿Mantiene ese criterio?

-Sí, es un proceso. Estamos trabajando para crear la gerencia general, este será el primer paso, darle forma a esa gerencia. Después se verá lo de eliminar la presidencia ejecutiva en la Caja, esto tiene implicaciones legales en las que hay que trabajar. Pero esta es la idea.

Usted tendrá que realizar su gestión sin poder nombrar ni un solo gerente, porque a todos la administración anterior los nombró por seis años y no han llegado ni a la mitad del período.

-El nombramiento de gerentes por períodos que sobrepasan a un gobierno es un tema ético; una persona que sabe que está nombrada en un puesto de confianza debería poner su renuncia a disposición del nuevo jerarca. No está pasando eso en este momento.

En el 2011, en medio de la crisis institucional, se pidió la renuncia en pleno de los gerentes y se dijo que se iban a sacar a concurso. El resultado fue que los nuevos nombramientos no se hicieron por concurso, tampoco nombraron a los gerentes que estaban, y a los nombrados todavía les quedan varios años. A otros los nombraron el año pasado y a una más, en enero de este año.

No se entiende por qué se nombran por períodos que sobrepasan a un gobierno si se supone que son puestos de confianza. ¿Usted piensa que puede llevar adelante su proyecto con un equipo contrario?

-Hay un acuerdo que define que los gerentes son nombramientos de confianza, por seis años y que son inamovibles. Estas disposiciones me sorprenden pero más me sorprenden las personas que estando en esta situación piensan que pueden pasar de un gobierno a otro en un puesto en el que se requiere afinidad, coincidencias y confianza con las nuevas autoridades de la institución y del gobierno. Este es un asunto de ética, de honorabilidad de las personas en esa situación.

En 2011 Ileana Balmacera pidió la renuncia en pleno a los gerentes y renunciaron y no reinstaló a ninguno. ¿Por qué no se puede hacer ahora?

La situación es distinta, los gerentes actuales no fueron nombrados por nosotros, los heredamos y no esperamos que reaccionen como si fueran de nuestro propio equipo. Lo que es visible es que ninguno ha puesto su renuncia a disposición de la presidencia ejecutiva ni de la Junta Directiva. Este es un tema que va a requerir la intervención de la Directiva.

¿Qué piensan hacer?

-Hay varios anuncios que prefiero que los haga el presidente Luis Guillermo Solís en su Informe de los cien días.

Nosotros ya pasamos el documento y no sé qué enfoque le va a dar él al tema de la Caja. Pero estamos decididos a retornar a los principios fundamentales de la seguridad social costarricense. Retornar a la estructura administrativa de aquellos años, más austera, más eficiente, más transparente. Pero no hablamos de centralización. Por el contrario, vamos a hacer una gestión de cara a los ciudadanos, más participativa, que sume sectores y comunidades, que sepan lo que estamos haciendo.

En 2009 y 2010 hubo una movilización muy grande para rescatar a la Caja. Se integraron los comités de defensa de la Caja, los comités patrióticos, el grupo de las diez medidas, la investigación de la Asamblea Legislativa, los Notables, los sindicatos, los estudiantes, comunidades de todo el país. Esta movilización fue para rescatar la seguridad social cuando trascendió la grave crisis financiera en que estaba la CCSS. Doryan dijo que no era rescatable y había que liquidar. La gente salió a las calles a defenderla.

Nuestra misión es recuperar a la Caja Costarricense del Seguro Social con todos los servicios que le brinda a la población, con calidad y con buena salud.

(* anachacon.m@gmail.com), (Enlace: http://bit.ly/1qPMD5I)