Este logro se rubricó en la sesión de la Directiva de la CCSS del viernes anterior, a partir de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y Astradomes.
Hasta este momento, solo era posible asegurar a las trabajadoras domésticas -nacionales y migrantes-, por tiempo completo aunque trabajaran medio tiempo.
“Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán el beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por pago del seguro” explicó Rosita Acosta, presidenta de Astradomes.
Acosta, presidenta y Jenifer Soto Loaisiga, asesora en temas migratorios de Astradomes, resaltaron que a partir del acceso al seguro social para más trabajadoras se espera que también se facilite el proceso de regularización migratoria de las servidoras domésticas no costarricenses, “este es un avance para conseguir el estatus de regularización migratoria”.
Sobre los costos altos costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas, Acosta y Soto señalaron que “siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos, suele haber cambios en la situación de laboral de la trabajadora”.
Para Acosta, estos trámites de regularización migratoria son una traba difícil de superar para las servidoras domésticas a lo que se agrega que el permiso de trabajo que se otorga con la regularización “no es portable”, es decir, dijo, “amarra la trabajadora migrante a su patrón y esto se percibe”, afirmó, como una condición de “esclavitud moderna”.
Por lo tanto, si bien el acceso al seguro “representa un logro muy importante, es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales”, y reiteraron en un urgente compromiso de las instituciones del Estado y la sociedad civil “para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras”.
