Ciudad de Guatemala. Dada su investidura, el presidente no puede ser juzgado sin antes ser sometido a lo que aquí se conoce como ‘Antejuicio’ [que guardando las distancias recuerda al Impeachment estadounidense], que obliga, en primera instancia, a que una comisión de cinco integrantes nombrada por sorteo en el Congreso determine si los señalamientos al mandatario no obedezcan a intereses políticos, sino sean, efectivamente, constitutivos de delito. Si esta establece, como ocurrió en este caso, que los señalamientos son justificados, “recomienda” al pleno del Congreso que se proceda a retirar la inmunidad, para que el señalado pueda ser sometido a juicio.

Para que el proceso prospere, la votación en cualquier sentido debe alcanzar dos tercios del total de diputados. En este caso, 105 de los 158 escaños de los que se compone el legislativo. Si esta mayoría se pronuncia en contra de despojar de la inmunidad al dignatario, ahí termina la historia y Pérez Molina continuará en el cargo hasta el 14 de enero, cuando debe entregar el poder a su sucesor. Si la votación no alcanza esa mayoría, el proceso se archiva, pero puede ser reactivado en cualquier momento.

Si como esperan los guatemaltecos Pérez Molina es despojado de su inmunidad, el mandatario será consignado a los tribunales ordinarios, donde, con todas las garantías procesales reconocidas universalmente, se le juzgará. Pérez continuaría siendo Presidente de Guatemala, pero el Vicepresidente, el jurista Alejando Maldonado, asumiría el poder interinamente. El proceso podría tardar meses.

Desde la víspera quedó en evidencia que la estrategia de Otto Pérez Molina sería entrampar el proceso, para ganar tiempo. Mientras declaraba públicamente que se sometería a los tribunales con la única condición de que se respetara el debido proceso, sus abogados empezaban a llenar los tribunales de recursos de amparo claramente retardatorios. A esto se suman movimientos de sindicalistas afines, que realizan bloqueos en carreteras con demandas imposibles en el corto plazo, como la nacionalización de la energía eléctrica o la cancelación de operaciones de minería a cielo abierto. En dos platos, ‘marear la perdiz’.

Este martes, desde las 06:30 de la mañana un grupo de activistas de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), organización claramente cooptada por los últimos gobiernos, se apostó frente al Congreso para impedir el ingreso de los empleados administrativos y diputados para boicotear la sesión.

Este bloqueo, que ha merecido el repudio inmediato de la sociedad, fue calificado como una actitud perversa por dirigentes independientes como José Pinzón, secretario general de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). “Ponerse al servicio de las mafias y la corrupción está a la orden del día. Es una actitud perversa que provoca un daño enorme al sindicalismo”. Pinzón, en declaraciones a este periódico, recordó que el líder de la UASP, Nery Barrios, tiene antecedentes que evidencian su nulo compromiso con la clase a la que dice representar: “Estuvo preso por el robo de 5 millones de quetzales [unos 650.000 dólares] a campesinos de la Costa Sur. Fue liberado por Álvaro Colom [Presidente de Guatemala entre 2004 y 2008] a cambio de apoyos incondicionales”, recordó.

Frente al Congreso, una gestión del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, que durante toda la mañana ha realizado sin éxito gestiones ante los dirigentes de los piquetes para que abandonen esa actitud, sí ha logrado que los menores y los ancianos, tras los que se escudan, sean retirados del lugar. Por primera vez en cuatro meses de protestas, se vive un ambiente de tensión en la capital guatemalteca, incrementada desde que, al filo del mediodía, llegaran al lugar las fuerzas especiales antimotines de la Policía Nacional Civil.