La XXVI Caminata de las Personas Mayores, organizada por Ageco, este 1° de ocubre. (foto: AGECO)

En el contexto del país, la protección de los derechos de las personas mayores resulta urgente, y es necesario hacer visible esta población como nunca antes, dado el impacto del envejecimiento en la satisfacción de las necesidades de las personas al llegar a la vejez que en las condiciones actuales se enfrentan a desafíos críticos relacionados con su seguridad económica, atención médica, el maltrato, abandono y la violencia, entre otros.

Entre los avances importantes que se reportan en materia de protección de los derechos humanos está la entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, firmada el 15 de junio de 2015 por Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica, que la ratificó en setiembre de 2016.

La Defensoría de los Habitantes hizo el siguiente comunicado.

Pese al logro regional, (la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 2015), se considera necesaria la existencia de una Convención Internacional, la cual es impulsada desde el Grupo de Trabajo de composición abierta sobre Envejecimiento, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 65/182 del 4 de febrero de 2011. Dentro de las acciones realizadas por la Defensoría al respecto, se registran los informes remitidos al Grupo de Trabajo, según los temas definidos para las nueve sesiones de trabajo realizadas a la fecha, la más reciente efectuada en abril pasado. Asimismo, el informe solicitado por la Experta Independiente y la reunión sostenida en la Defensoría en el 2016 para profundizar sobre el estado de los derechos de las personas mayores en el país.

En Costa Rica podemos mencionar avances en la legislación: Ley Integral para la persona mayor N° 7935 (25 de octubre de 1999) que cumple este año 20 años de su aprobación; las reformas a la Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que crea el subsidio de Bono de Vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar, la Ley 7936 de reforma a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas, que reconoce una exoneración tarifaria a las personas mayores usuarias del transporte público, al igual que en destino de recursos públicos para financiar la atención de la población institucionalizada (Hogares y Red de Cuido) como la Ley de cargas tributarias a licores y cigarrillos N°7972, y en el 2014, se oficializa la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021.

Con respecto a la Ley 7935 reconoce la atención preferencial establecida como derecho de la persona mayor para impulsar el trato diferenciado de esta población en la utilización de los servicios públicos, pero aún se constituye en un reclamo reiterado de esta población.

Uno de los grandes retos que tiene el país es la incorporación del envejecimiento y la condición de la edad de la vejez en la gestión de las listas de espera en las citas para exámenes diagnósticos, consulta en especialidades médicas y cirugías, que tantas veces ha reiterado la Defensoría.

También la Defensoría ha insistido en el reconocimiento de la edad de la vejez como una variable en la definición de acciones y estrategias de desarrollo, de manera particular mediante la formulación de recomendaciones con respecto a la gestión de las solicitudes de pensión no contributivas por vejez (RNC), la cual ha demostrado sus debilidades ante la resistencia de reconocer el tema como un asunto de derechos humanos.

Siendo que, frente al cambio demográfico y la necesidad de proteger a las personas durante la vejez, surge la tendencia de fortalecer los sistemas de protección social para la lucha contra la pobreza y alcanzar sociedades más igualitarias. En tal sentido, estamos trabajando para la emisión de recomendaciones desde un enfoque de derechos humanos para la cobertura de la vejez de las personas en pobreza.

En transporte público igualmente se ha emitido diversas recomendaciones que han promovido el cambio de los procedimientos de atención de denuncias por el incumplimiento de la exoneración tarifaria y el maltrato hacia las personas mayores en el goce del derecho, lo que llevó al establecimiento de un protocolo especial y más accesible para la presentación denuncias por internet, en las delegaciones policiales y en la de tránsito y desde el servicio 911.

En cuanto a las acciones de protección social dirigidas a las personas mayores, sobresale la situación las personas en estado de abuso, abandono e indigencia, la cual ha derivado en recomendaciones de parte de la Defensoría, algunas tendientes a la reubicación de las personas mayores mediante la asignación de cupos en los establecimientos de atención directa y en las distintas modalidades de servicios contempladas en la Red de Cuido, bajo la gestión del CONAPAM que dio lugar a una reforma normativa para su financiamiento y atención por parte de ese órgano.

Asociado a lo anterior, emerge la situación de violencia hacia estas personas en sus diversas expresiones, frente a la cual la Defensoría también ha contribuido con respecto a la necesidad de sensibilizar y concientizar sobre esta realidad, como lo hizo en el año 2017 por medio de la campaña denominada “la indiferencia también es violencia”.

“Los avances alcanzados no logran revertir las condiciones de desigualdad y exclusión de algunos sectores de la población mayor, ni la incorporación de la perspectiva de la vejez en las políticas institucionales y servicios públicos, de ahí que como país debemos trabajar más fuerte en favor de la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores”, dijo Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.