El Prepuesto general de la República presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para su aprobación recorta en 113 millones de colones el presupuesto del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) para el año 2012

De ese total solicitado por el Tribunal, se están afectando partidas que suman 187 millones de colones en el 2012, en tanto que en el Presupuesto Nacional se destinan solo 74 millones y los 113 restantes se cercenaron, informo el Tribunal.

Algunas de las partidas fueron recortadas fuertemente y otras se eliminaron por completo, entre las que destaca el dinero que el Tribunal necesita para digitalizar los 2.600 expedientes abiertos la mayoría por delitos ambientales (partida de sistemas informáticos).

También se eliminó los fondos para vigilancia de la sede a pesar del lamentable antecedente de que hace apenas unos meses, fue blanco de un ataque armado contra sus instalaciones, lo que preocupa al Tribunal, pues los expedientes deben resguardarse y tienen que  velar por la integridad de los funcionarios y de las instalaciones del TAA.

Otras partidas afectadas son el pago de impuestos de circulación de los vehículos y viáticos para giras de los funcionarios dentro del país, con lo cual se está cortando directamente el trabajo operativo de campo que este Tribunal está obligado a efectuar y que constituye parte central de su actividad institucional, pues sin visitar los proyectos y hacer inspecciones, ni los jueces ni los técnicos podrán resolver ningún caso.

“Parece que hay interés en que el Tribunal Ambiental deje de trabajar; es inaceptable que se eliminen fondos tan necesarios para nuestro funcionamiento”, advirtió José Lino Chaves, Presidente del Tribunal Ambiental.

El Tribunal ha venido sufriendo recortes de presupuesto recurrentemente en los últimos años, pero en esta oportunidad se está afectando directamente la operatividad de la institución, recalcó  Chaves. Por eso, el Presidente del Tribunal Ambiental hace un llamado a los diputados para que este problema se solucione en el presupuesto final que aprobará la Asamblea Legislativa.