Esta decisión cierra el paso a un anunciado boicot del libertario Otto Guevara, quien había prometido interponer masivas mociones para impedir el avance del proyecto.

El anuncio fue celebrado por el Poder Ejecutivo, que considera vital restablecer a la seguridad pública los recursos del impuesto, unos 46.000 millones de colones.

El impuesto, que ya existía y fue suspendido por la Sala Constitucional el año pasado, en virtud de un error en la tramitación de la ley que lo creo hace varios años, “es esencial para las finanzas públicas y las necesidades de la seguridad del país”, aseguró el ministro de hacienda, Helio Fallas.

El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, dijo que el gobierno se siente complacido porque la Asamblea Legislativa “ha decidido tramitar por un procedimiento expedito la ley… es una decisión importante para el país”.

Recientemente, al aprobar el presupuesto para el 2017, los diputados cercenaron unos 47.000 millones al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y los trasladaron al Ministerio de Seguridad y las demás entidades que se financiarían con los recursos del impuesto a las personas jurídicas.

Esta decisión ha sido severamente criticada desde distintos sectores del país por el impacto que tendría sobre los programas destinados a proteger a la niñez costarricense.

La Defensoría de los Habitantes, entre otras entidades, han pedido a los diputados dar marcha atrás en esa decisión y restablecer los recursos al PANI.