La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados constitucionales, quienes consideraron que “ninguna de las normas impugnadas resulta inconstitucional ya que la Contraloría General de la República tiene como parte de sus competencias constitucionales, la de sancionar en contra de los funcionarios municipales, incluidos los de elección popular”.

“Esto debido a que es una sanción de suspensión y no es equiparable a la sanción de inhabilitación. Es por ello que, el Tribunal considera que no es aplicable a este caso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que hace mención el recurrente, ya que no estamos frente al supuesto de la inhabilitación, sino al de suspensión sin goce de salario”, según informó la Sala Constitucional.

Además, este tipo de sanción puede ser revisada en la jurisdicción contencioso administrativa y siempre debe facilitarse el debido proceso antes de imponerla, indicó la sentencia.

“A la CGR le complace que finalmente dichas acciones fueran resueltas dada la relevancia que en las acciones de control y fiscalización de la Hacienda Pública tiene la potestad sancionatoria, dentro de sus competencias ejercidas desde su marco normativo actual, legal y constitucional”, expresó la Contraloría en una reacción al fallo.

Sin embargo, una tercera acción aún no resuelta por la Sala IV obliga a la CGR a mantener suspendidos 213 procedimiento administrativos sancionadores, que involucran a 526 personas investigadas. “Esperamos que la Sala Constitucional resuelva de manera pronta y diligente la acción pendiente”, señaló la contralora general, Marta Acosta.