Militares tomaron la Asamblea Legislativa por orden de Bukele  (Imagen: Captura de pantalla ARPAS)

Diferentes organizaciones, entre ellas la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, rechazaron este lunes la militarización de la Asamblea Legislativa, ante la llegada del presidente de la República, Nayib Bukele, y lo calificaron de «intento de golpe».

Red Informativa de Arpas

"Estamos aquí en la obligación moral con el pueblo y las 75 mil víctimas y 10 mil desaparecidos de la guerra, de no permitirle al presidente @nayibbukele, que haga este desorden", sostienen.

Este domingo, Bukele llegó al parlamento, tras insistir en que diputadas y diputados realizaran una sesión extraordinaria, a la que el Consejo de Ministros convocó invocando el artículo 167 numeral 7 de la de la Constitución de la República, con el objetivo de que le aprueben un nuevo préstamo por $109 millones, lo cual sería destinados a la tercera fase del Plan Control Territorial.

«Las imágenes de soldados y policías invadiendo el salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del presidente busca reeditar», señalaron las organizaciones.

Luego de dar un discurso a los seguidores que le acompañaron, desde una tarima plantada frente a la Asamblea, el mandatario les solicitó «autorización», para entrar al parlamento y realizar una oración. Al ingresar al militarizado salón azul, Bukele dispuso del lugar, llevó sus manos al rostro y oró. Posteriormente dejó el lugar. Al volver con sus convocados dijo que darían una semana más a las y los diputados, porque «Dios le dijo que tuviera paciencia».

Sobre esto, las organizaciones señalaron que «el performance» del presidente «incluyó una flagrante violación al carácter laico del Estado (…), superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana Jeanine Áñez que entró con la Biblia al palacio del Gobierno».

«Lo actuado por el presidente constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden institucional y representa un golpe contra la democracia», agregaron.

Respecto a la insurrección a la que hizo referencia el mandatario, respaldaron las afirmaciones del exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, quien aclaró que este derecho, establecido en el artículo 87 de la Constitución, debe ser ejercido por la población y no por un órgano de Estado.

«Bukele no puede llamar a la insurrección, es el pueblo el que va a tener que ejercer este derecho si él continúa con su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden constitucional del país».

«Le pedimos que tenga cordura», dijo Margarita Posada, integrante de la Coordinadora.

Las organizaciones pidieron al Fiscal General de la República, Raúl Melara, que investigue «los delitos cometidos» y a la Sala de lo Constitucional que «le remarque los límites constitucionales al presidente».

Feministas contra el militarismo

Representantes de organizaciones feministas y activistas se concentraron en la plaza Salvador del Mundo, este lunes por la tarde, para rechazar el "uso desmedido de la fuerza militar y policial" y la violación al Estado laico por parte del presidente Nayib Bukele.

"El uso de las fuerzas armadas y policiales en los alrededores y al interior de la Asamblea Legislativa, como no se había visto desde hace 28 años, dan cuenta de una demostración de masculinidad hegemónica, que recurre a las armas y a la fuerza bruta para los adversarios y denota un retroceso en la construcción democrática", expresaron.

Llamaron a que se establezca un diálogo nacional entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa para resolver temas pendientes como la Ley de Aguas y la reforma al sistema de pensiones, entre otros.

La consigna de la concentración de las mujeres fue: “feministas contra la guerra, feministas contra el capital, feministas contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal”.

La negativa de los legisladores a aprobar un nuevo préstamo por $109 millones con el BID se basa en que, según señalaron, el préstamo no está bien fundamentado y no establece el uso que le van a dar a los fondos salvo que de manera muy general se refieren a que sería destinados a la tercera fase del Plan Control Territorial.