"No hubo ninguna ilegalidad", aseguró el presidente Carlos Alvarado.

“Viéndolos a los ojos les aseguro que ningún alcance de esta iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero. Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado”, expreso el mandatario.

“Viéndolos a los ojos -agregó- les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”.

Alvarado explicó que hacía tales aclaraciones porque “esas son las calumnias que se han difundido” en relación con el funcionamiento de la entidad.

El presidente aseguró que todo o actuado se ejecutó en el marco de la ley vigente y con el objetivo de que las decisiones de política pública que debe tomar el gobierno y la presidencia se sustenten en evidencia científica y datos.

 

En todo momento se actuó de buena fe, bajo el marco legal vigente -como demostraré más adelante- y con el único objetivo de que las decisiones de política pública que debe tomar el Gobierno y la Presidencia se sustenten en evidencia científica y datos, y no en ocurrencias.

 

Aclaró además que la adopción de un modelo de gestión gubernamental basado en la ciencia de datos no es una ocurrencia personal suya o del gobierno, sino una necesidad reconocida por gobiernos y organismos internacionales, entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La OCDE resalta que los datos son un habilitador clave para que las instituciones del sector público trabajen en conjunto, predigan las necesidades de la ciudadanía, entreguen resultados y respondan a los cambios sociales”, acotó.

Tras la exposición inicial del gobernante, inició el interrogatorio de los diputados de los distintos partidos políticos, en una sesión que se espera se prolongará por varias horas.