Este año “se destinarán 11.283 millones de colones (21 millones de dólares) para la construcción de 24 nuevos módulos de mediana contención en La Reforma, que tendrán capacidad para recluir a 1.480 privados de libertad”, señaló la ministra en conferencia de prensa.Este aumento se sumará a otros 1.072 espacios que han sido habilitado en diferentes cárceles del país desde que asumió el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís y a otros 500 que estarán disponibles en el segundo semestre del año en La Reforma y Pococí, agregó Ramírez.

Por otra parte, en los próximos meses se iniciará un programa de construcción de siete instalaciones penitenciarias, que se financiará con un préstamo de 50 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con esos mismos recursos se financiará el plan piloto de los brazaletes para el control remoto de reos no peligrosos, que echará a andar próximamente con unos 200 privados de libertad.

“La idea es que para el año 2018 la sobrepoblación no supere el 20% que es lo aceptado dentro de los estándares internacionales”, manifestó.

Una gran deuda acumulada

Ramírez calificó de “grave violación a los derechos humanos” la situación de hacinamiento en las 13 cárceles del país, que en conjunto albergan 14.150 reos en instalaciones con capacidad para apenas 9.130. Esto representa una sobrepoblación superior al 50%.

A esta situación, explicó, se llegó por varias razones. Por un lado, las leyes que instauraron los sistemas judiciales de flagrancia y suprimieron la figura de la contravención, produjeron un crecimiento acelerado de la población penitenciaria.

Por otra parte, las administraciones anteriores fallaron en hacer las inversiones para el desarrollo de nueva infraestructura, la contratación de personal técnico, profesional y de seguridad, apuntó Ramírez.