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EUn análisis de la información fiscal del periodo 2006-2011 nos permite inferir tres tendencias principales: una que corresponde al año 2006 donde el déficit fiscal (gobierno central) fue sólo del 1%; otra durante los años 2007-2008, en el que se tuvo un superávit gracias, especialmente, al aumento significativo en los ingresos fiscales resultado del crecimiento económico en el 2007 y una pequeña mejora en la recaudación; finalmente, se tiene una tendencia deficitaria creciente a partir del 2009. En este último caso, la tasa de crecimiento en los gastos ha sido mayor a la tasa de crecimiento de los ingresos, con excepto en el 2011. El resultado financiero de ese año (déficit fiscal del gobierno central) fue de -848.889,10 millones de colones.

Cuando se analiza la información de los gastos, dos rubros contribuyen a explicar lo que sucedió con los vaivenes financieros del gobierno central: las transferencias corrientes y de capital, canalizadas por medio de las instituciones públicas, y las remuneraciones. En el 2009 y 2010, más del 60% del aumento en esos rubros explican el déficit financiero del gobierno central.

En el caso de las transferencias, los montos pasaron de 283.719 millones de colones en 2006, a 1.192.636 millones en 2010 (colones corrientes). En el 2011, con la crisis fiscal, se redujeron en un 9%, pero sigue en un nivel muy elevado. Cabe resaltar, que las transferencias de capital a instituciones públicas (inversiones públicas) se redujeron en ese año en un 43%, lo que significa un desperdicio de recursos por obras que tuvieron que haberse suspendido y que en un futuro deberán continuarse pero a un costo mucho más elevado. Además, perjudica la débil planificación que existe en muchas instituciones públicas.

El gasto del gobierno central en el 2011 fue financiado con endeudamiento interno en alrededor un 25% del total del presupuesto.

En el caso de las remuneraciones, los montos pasaron de  635.164 millones de colones en 2006, a 1.513.400 millones en 2010; solo en el año 2009, el crecimiento fue del 30%.

Esto sugiere que la administración anterior hizo los gastos necesarios, a fin de asegurar el triunfo del PLN en las pasadas elecciones, canalizando ayudas y remuneraciones, que finalmente generaron el déficit fiscal que ahora en la Administración Chinchilla se espera revertir. ¿Creíamos que los ciclos fiscales electorales habían desaparecido?

Por otra parte, queda claro que la reforma fiscal que se propone ayudará a reducir ese déficit, generado en el deseo de ganar una elección, pero no lo eliminará.

En ese contexto, es lamentable que el gobierno actual haya percibido que el déficit financiero no representa una grave amenaza a la estabilidad económica y social del país. Simplemente, recoge dinero para financiar el déficit en que incurre, dado que aún tiene espacio para aumentar su deuda interna, mediante varios mecanismos. En primer lugar, tiene a su mano jerarcas en instituciones como el INS, la CCSS, el Banco Crédito Agrícola, entre otras, a las que solicita que reciban bonos de la deuda interna del gobierno central; por otra parte, los bancos privados y los grandes inversionistas se manifiestan deseosos de cooperar con el gobierno, porque sus beneficios financieros se verían aumentados con las tasas de interés más elevadas que recibirían.

Algunos de los efectos del aumento de la deuda interna serían los siguientes: contribuye a “solucionar” el problema urgente de caja del gobierno central; afecta la disponibilidad de recursos de instituciones públicas y por tanto sus programas; la captación de recursos beneficia a inversionistas que logran ganancias extraordinarias, por el alza en las tasas de interés; posibilita que no se realicen reformas de fondo (es el caso, de la vinculación del proceso de planificación y con el presupuestario). ¿Menos desarrollo?

En ese contexto, es muy lamentable observar que algunos de los aliados del gobierno en el PAC, ingenuamente, en mi opinión, consideran que ante una promesa de campaña de aumentar impuestos ante una crisis fiscal, no hayan condicionado su apoyo político a una reforma fiscal, que no parece ser la reforma fiscal que el país necesita. Aún más, no se previó un calendario de acciones (por escrito y con un cronograma), a fin de que se realizaran ciertos cambios esenciales en la estructura tributaria, ni que se modificaran ciertas leyes para un mejor desempeño del gobierno y evitar políticas clientelistas en el 2014. Pareciera más bien, que se le está poniendo en bandeja de plata al gobierno una oportunidad de mejorar sus ingresos, pero sin un compromiso de evitar lo que  hizo el gobierno en el 2009 y 2010 en el periodo electoral.

Concluyo: hay presión política del gobierno para que se apruebe el plan fiscal pero no se está previendo por la Alianza por Costa Rica, que en el 2014 puede darse otro aumento en los gastos y en el déficit fiscal, con aplicación de gastos clientelistas.

Gran reto tiene la Alianza por Costa Rica: lograr una unión sostenible en el tiempo y asegurar un compromiso del gobierno (por escrito y con un cronograma creíble) en materia de un buen uso de los recursos: transparencia en la ejecución de obras, eficiencia y eficacia en los proyectos, eliminación de plazas con nombramientos políticos (especialmente asesores), eliminación de asignación de ayudas a familias o personas que no las necesitan (filtraciones), entre otras acciones a exigir.