Dos miembros de la comisión legislativa que investigó el caso de la trocha 1856, los diputados Manrique Oviedo (PAC) y Patricia Pérez (ML), presentaron este miércoles su informe en el cual demandan a la presidenta Laura Chinchilla la destitución del ministro de Ambiente, René Castro, el viceministro de Seguridad, Mauricio Boraschi y de la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales.

El informe de los opositores asegura que estas tres personas fueron parte del grupo de funcionarios responsables de la decisiones que se tomaron y de los errores que derivaron en un despilfarro de 36.500 millones de colones (73 millones de dólares) de fondos públicos.

Al ministro Castro se le achaca su “debilidad e ingenuidad” en el conflicto con Nicaragua por el dragado del Río San Juan y en la invasión a la isla Calero, antecedentes que desembocaron en el decreto de emergencia para la construcción de la ruta.

A Borashi se le responsabiliza por su labor de enlace, “sin potestades legales”, con la cual la Presidencia ejerció influencia y tomó decisiones en varias instituciones del estado.

A Rosales se le señala “por su participación directa en la supervisión de los dineros de la CNE utilizados en la construcción de la Trocha.”

El informe pide al Ministerio Público que inicie investigaciones contra Borashi y Rosales y que se le dé una “sanción moral” al Vicepresidente Luis Liberman por ser la figura de “mayor rango” que participó en la toma de decisiones.

Al ex ministro de Transportes Francisco Jiménez, titular de la cartera durante la construcción de “La Trocha”, los diputados solicitan que se le inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo público o de elección popular, “por un periodo de ocho años.”

Se pide la misma sanción para el ex director del CONAVI, Carlos Acosta (6 años de inhabilitación), para la ex Viceministra de Transportes, María Lorena López (5 años) y para los ex funcionarios del CONAVI Manuel Serrano y Miguel Ramírez (10 años). Serrano y Ramírez se encuentran en prisión preventiva.

El Informe exhorta, por un lado, a la Contraloría para que determine si se puede “quitar como oferente” del Estado a la firma consultora CACISA y, en segundo lugar, al Poder Ejecutivo para que no contrate a esta firma mientras se le investiga, o bien, para que “no sea contratada para realizar ningún trabajo para el Gobierno de la República durante los próximos 5 años”.

De igual manera se le solicita al ente contralor que investigue a las empresas contratadas para resolver si se les puede eliminar como oferentes del Estado.

Estas empresas “se valieron de la presunta situación de emergencia y realizaron trabajos de baja calidad, no cumplieron normativas técnicas elementales y sacaron provecho conscientemente del comportamiento permisivo y pasivo de los funcionarios públicos.”, señala el documento.

“La inclusión y gestión injustificada de la construcción de la trocha fronteriza como parte del plan de acción para atender la emergencia declarada mediante Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, sólo encuentra explicación, se repite, en la búsqueda de una disminución de los requerimientos y controles habituales que, para este tipo de contrataciones, requiere normalmente nuestro ordenamiento jurídico, facilitando la comisión de actos de corrupción.”, afirmó la diputada Patricia Pérez.

“Queremos dejar claro que estamos convencidos de la necesidad y de los beneficios de la Ruta Nº 1856, que exigimos que se termine y se cumpla con las normas técnicas del caso; pero que denunciamos y expresamos nuestra indignación ante el desperdicio de los recursos de los y las costarricenses y la acción complaciente y permisiva del Gobierno de la República”, concluyó el diputado Oviedo.