“No entendemos qué significa para el gobierno proteger la integridad y seguridad física de las personas y los territorios de Salitre y Térraba” como le ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo Rojas Ortiz, después de conocer que la medida que se tomó fue reforzar el número de policías en la delegación de Buenos Aires.

El pasado 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DH) solicitó al Estado costarricense que adopte medidas cautelares en beneficio de los pueblos indígenas Teribe, del Territorio Indígena de Térraba, y Bribri del Territorio Indígena de Salitre, medidas que deberán de ser concertadas con los beneficiarios y sus representantes, dice el comunicado de la Comisión.

“Asombra la falta de seriedad de las autoridades ante la gravedad de la situación, de agresiones constantes, ataques, amenazas, pérdida de bienes familiares y racismo que sufren los pueblos indígenas del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, declarado “cuna de las culturas indígenas” pero que en la realidad está catalogado como el cantón más racista de Costa Rica” afirmó Rojas Ortiz.

En su primera aparición pública desde que fuera encarcelado sin que se le formularan cargos, el 6 de noviembre de 2014, Sergio Rojas Ortiz llegó a San José junto con el líder Térraba-Bröran, Pablo Sibar, la líder Ngöbe-Conte Burica, Luisa Bejarano Montezuma, Felipe Vargas Morales, dirigente Bribri de Salitre y Maritza Castro Álvarez, dirigente Maleku del Palenque Tongibe (en Guatuso), coordinadores del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), para participar en un Conversatorio con organizaciones sociales y ofrecer una Conferencia de Prensa.

Rojas Ortiz quedó en libertad el 21 de mayo, día en que el Tribunal de Pérez Zeledón acogió el incidente de modificación de medida cautelar interpuesto por sus defensores Gustavo Cabrera, de la organización de Derechos Humanos Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-CR) y Rubén Chacón Castro, del Programa Legal de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO).

Los líderes indígenas resaltaron que “allá como aquí, nada ha cambiado” desde que la CIDH puso bajo su tutela la situación de los derechos humanos en los territorios del sur del país.

El gobierno envió un “refuerzo policial pero en la realidad, nosotros no hemos visto ningún cambio”, además, dijeron, “las medidas cautelares tienen que acordarse con los pueblos de Salitre y de Térraba, nosotros somos los que tenemos que decir, qué es lo que necesitamos”.

“Lo que necesitamos es, en primer lugar, que se cumplan las leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales del derecho indígena”, enfatizó Pablo Sibar.

“Necesitamos protección de los agresores porque somos culturas, pueblos pacíficos pero no vamos a permitir que nos pongan condiciones, que se nos quiera doblegar ni neutralizar nuestro Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (recuperación de tierras usurpadas que son de los territorios indígenas), dijo Rojas Ortiz.

“Si estamos aquí en San José, dijo Luisa Bejarano Montezuma, es porque sabemos que nuestros pueblos y nuestra cultura van a resistir como lo hemos hecho durante más de 520 años, a pesar de la violencia y de los desalojos”.

Bejarano Montezuma fue una de las indígenas víctima del violento desalojo de la Asamblea Legislativa, hace 4 años, cuando hicieron una ocupación pacífica para pedir respeto a los derechos de los pueblos aborígenes y un alto a la violencia.

Rojas Ortiz y Sibar alertaron a la comunidad nacional sobre una estrategia de enfrentamiento con los pueblos Bribri de Salitre y Térraba, desde varios sectores de Buenos Aires, y del gobierno nacional, inclusive.

Hace más de un año que se inició el gobierno de Luis Guillermo Solís, en todos estos meses hubo intentos de acercamiento, no de diálogo porque se nos quiso imponer una dinámica y medidas acordadas en San José sin consultar a los Territorios Indígenas de Buenos Aires. “Estas gestiones, recordó Sibar, estuvieron llenas de torpezas por parte de los funcionarios, pero además, y sin ningún anuncio, se cortó el intento de diálogo, no volvimos a saber que están planeando para nuestros Territorios, no sabemos qué está pasando”.

“Prueba de esto, puntualizó Sibar, es el proceso de elección de la nueva directiva de la Asociación de Desarrollo (ADI) de Térraba, en el que participaron personas no indígenas inscritas como indígenas en un padrón amañado, que pasó por una depuración sin ser depurado y de 700 empadronados, 400 no son indígenas Teribes, lo que hizo posible que Genaro Gutiérrez sea, de nuevo, el presidente de la ADI de Térraba, una personas que entre los primeros anuncios que hizo dijo que El Diquís va, así no más”.

Otra muestra es que mientras una delegación del más alto nivel, 30 ministros, viceministros y presidentes ejecutivos de instituciones públicas, incluyendo a la presidenta en ejercicio Ana Helena Chacón, se desplazó a la localidad de Bribri de Talamanca, en el Caribe sur, para ofrecerles programas de apoyo, a Buenos Aires enviaron más efectivos policiales y unidades de transporte, en respuesta a las medidas cautelares que pidió al gobierno la CIHD, señalaron los líderes indígenas.

Tierra y agua en la base de la violencia

Consultados sobre las causas de los ataques y las agresiones contra los indígenas, los dirigentes coincidieron en señalar que la mayoría de los “sikuas” (no indígenas) buscan apropiarse de “fincas” para inscribirlas como propias. En estos momentos, hay un porcentaje muy alto de tierras que son de los territorios, usurpadas por no indígenas.

El gobierno no hace nada y las instituciones del Estado que tienen que velar por estos temas, tampoco. Este es el fundamento del Proceso de Afirmación Territorial Autónomo que llevan adelante mediante la recuperación del territorio.

En cuanto al Gobierno, señalan, insiste en desarrollar en una extensa área del territorio indígena Térraba el mega proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), que cercenaría unas 900 hectáreas de la reserva Térraba, la más pequeña del país.

Este mega proyecto hidroeléctrico a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), tendría gran afectación sobre los ecosistemas de la zona, no solo en el Territorio Térraba, sino también en Salitre y Boruca porque se producirían cambios en el clima, en el régimen de lluvias y las temperaturas, los que a su vez provocarían cambios en el bosque. El Diquís, es parte de los compromisos de Costa Rica con los Planes Puebla Panamá Y Mesoamérica, de inversiones y comercio, para la interconexión eléctrica de la región (México a Colombia).

El ICE ha desconocido durante años los derechos del pueblo Térraba y sus métodos no han sido amigables. Aseguran que pocas veces se les brinda información, nunca se les consulta y la información ha sido parcial y sesgada. Prueba de esto es que, sin consulta ni autorización, el ICE inició las obras con una invasión del Territorio con maquinaria pesada, movimientos de tierra, destrucción del bosque y la construcción de bodegas, acusan los Térraba.

La afectación también sería nociva para sus culturas, afirman los dirigentes, que ven un peligro inminente de aculturación, cambios drásticos en los estilos de vida, en la agricultura y en la arquitectura tradicionales, alteración de hábitats naturales y sociales, pérdida de territorios y de recursos hídricos que están bajo su protección.

Todo esto, agregan, redundaría también en la pérdida de identidad, de los valores de su cosmovisión que los une indisolublemente con la Madre Tierra.

Los líderes indígenas, agradecieron a todas las personas y organizaciones que se han solidarizado con su causa y les animan a continuar apoyándoles “porque vinimos hasta aquí para decirles que seguiremos en cada territorio dando la lucha, construyendo autonomía, reclamando la tierra y nuestra dignidad, terminó diciendo Maritza Castro, de Tonjibe, Maleku.

La Conferencia de prensa se realizó, previo al conversatorio que tuvo lugar este martes en San José, organizado por el FRENAPI, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj-CR) y el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.