Foto: Omar Mejía / Kioscos Socioambientales

En julio de 2018 la Comisión de Enlace, compuesta por rectores de las universidades públicas y representantes del Poder Ejecutivo, acordó que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) crecería en un 3% para el 2019. Pero en octubre del año pasado la Asamblea Legislativa recortó el FEES en ¢10 mil millones. Las universidades interpusieron una acción de inconstitucionalidad, que fue acogida por la Sala IV, y la Procuraduría General de la República se pronunció sobre el recorte, afirmando que efectivamente era inconstitucional. 

Se vienen momentos clave en medio de un nuevo frente de ataque a la educación superior pública. Se supone que durante junio debe reunirse de nuevo la Comisión de Enlace para negociar el FEES 2020, y alcanzar un acuerdo en julio. Además, en algún momento la Comisión Especial Investigadora del FEES en la Asamblea Legislativa debe terminar las audiencias y rendir un informe. Mientras tanto, el Gobierno y las y los diputados dicen que el modelo de financiamiento de las universidades públicas debe ser revisado porque está agotado. 

Personas que han seguido de cerca todo este proceso, dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica (UCR), aseguran que esta discusión en los medios de comunicación, en la Comisión Especial Investigadora y en las universidades, es una discusión político ideológica sobre defender o no un modelo de universidad que no persiga el lucro o mercantilizar la educación superior pública. También se presentó un análisis de cifras que muestran que cada acuerdo del FEES ha disminuído el financiamiento que se da a las universidades públicas; pero también ha ayudado a instalar un modelo corporativo de universidad.

Este análisis se presentó en el foro “Mentiras y verdades sobre las finanzas de las universidades públicas”, organizado por el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR. Allí participaron Rita Meoño Molina, docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la UCR; Jonathan Acuña Soto, asesor del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa; Carmen Caamaño Morúa, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y docente de la Escuela de Psicología de la UCR; y Carlos Araya Leandro, Vicerrector de Administración de la UCR.

Principales amenazas a las finanzas de las universidades

Aunque entre 2010 y 2015 el Gobierno se comprometió a que se destinaría un 1.5% del PIB para educación superior, no sólo no se ha llegado a la meta sino que se ha disminuído. En el 2016 se dedicó un 1,42%; para el 2018 fue un 1,37% y en el 2019 se estableció un 1,35%, que es el más bajo desde 2014, precisó Rita Meoño (Ver recuadro “Breve cronología del financiamiento de la educación superior pública”).

Carlos Araya indicó que a partir de 2017 se frenó el crecimiento del FEES y aunque se había acordado que para el 2019 este fondo creciera un 3%; únicamente creció un 1%. “Le recortaron los 10 mil millones y como me decía alguien en la Asamblea Legislativa, eso es para que las universidades se den cuenta de que en la Asamblea se puede violentar la Constitución Política y no pasa nada”, repudió Araya.

El Vicerrector explicó que a pesar de que se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de este recorte, que fue acogida por la Sala IV, eso tardará por lo menos año y medio o dos años en resolverse. Cuando llegue la resolución, el ejercicio presupuestario habrá terminado y los 10 mil millones de colones nunca regresarán a las arcas universitarias.

Araya puntualizó tres elementos perjudiciales que trajo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) a la inversión en educación superior. El primero es la definición de educación, pues la Constitución Política establece que el Estado debe invertir el 8% de su presupuesto en educación preescolar, primaria, secundaria y univesitaria; pero la ley 9635 dice que hay que agregarle el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de las redes de cuido. Esto implicaría que el Estado está invirtiendo más del 8% en educación por arte de magia y, por ende, no tendría que incrementar el presupuesto en educación. El segundo son los destinos específicos. La ley 9635 derogó la ley 7683, que generaba el presupuesto para el recinto de la UCR en Paraíso, de Cartago. Actualmente, lo que está sosteniendo los recursos de esta sede es un acuerdo temporal, que depende de voluntad política. Y tercero, la regla fiscal, que limitará el crecimiento de los presupuestos ordinarios de las entidades a un 4,67% para el año 2020.

La discusión de fondo: Mercantilizar o no la educación superior pública

Jonathan Acuña insistió en que durante largo tiempo se ha atacado la legitimidad de las universidades estatales y que la Comisión Especial Investigadora del FEES se formó en medio de una discusión político-ideológica. 

“Cuando el Poder Ejecutivo envía el presupuesto 2019 para este año, ya recorta la inversión en educación, en medio de un contexto en el que hubo una vorágine de notas periodísticas para deslegitimar la inversión en educación superior. Hay discursos de que la educación superior universitaria es de una élite. Yo soy un hijo del estado social de derecho y para mí hubiera sido imposible haber tenido educación universitaria sin las becas”, recalcó Acuña. 

“Tanto la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, como el presidente Carlos Alvarado, dicen que las universidades deben buscar otras formas de financiamiento. Eso ya habla de la postura político  ideológica frente al problema. La discusión es político ideológica en los medios de comunicación, en la Comisión Especial Investigadora, en las universidades. Porque en el fondo lo que se discute es si es sensato o no tener un modelo de universidad que no persigue el lucro; o si más bien deberíamos tener un modelo de universidad que sí tiene fines de lucro. Esa es la discusión de fondo: mercantilizar o no mercantilizar. Y así debería de enmarcarse”, sentenció.

“No favorece a la discusión que se mienta, que se utilicen datos que no dicen nada, que se omita el aporte gigantesco que realizan las universidades estatales en acción social y en el impacto de movilidad social ascendente. Dice mucho de una Asamblea Legislativa que una mayoría de diputados y diputadas estén dispuestos a pasar por encima de la Constitución Política”, subrayó Acuña.

Mitos y verdades sobre las universidades públicas

Durante su comparescencia ante la Comisión Especial Investigadora del FEES, Eduardo Sibaja,
director ejecutivo del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), respondió a varios mitos que han circulado con respecto a las universidades públicas:

Mito: Se les ha dado abundancia de recursos en detrimento de otros niveles educativos.
Verdad: Las universidades reciben un 18,65% del presupuesto de educación; mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibe el 82%.

Mito: Las universidades son insensibles a la crisis fiscal y se resisten a ser austeras.
Verdad: Han disminuído la dedicación exclusiva, han restringido la creación de plazas administrativas, han renegociado convenciones colectivas y han reducido anualidades.

Mito: Las universidades estatales no atienden la demanda de los jóvenes que se gradúan, excluyen a los más pobres, sólo invierten en el Valle Central, han descuidado las regiones y no brindan aportes importantes a la sociedad costarricense.
Verdad: Un 86% de los estudiantes que ingresan a las universidades vienen de colegios públicos y sólo un 14% de privados. La persona que cursa educación superior tiene un desempleo mucho menor. Un 50% de los estudiantes de las universidades tienen beca socioeconómica. Las universidades son líderes en investigación. En 2017 invirtieron ¢73 mil millones en 2.000 proyectos de investigación. Tienen 995 proyectos de acción y extensión social en todas las comunidades pobres de este país y una agenda de cooperación con el gobierno, de 129 proyectos.

La Ministra de Hacienda Rocío Aguilar señaló que entre un 40% y un 50% del superávit de las universidades es libre y que debe incluirse en el siguiente FEES como fuente de financiamiento.

La posición de la UCR es que no existe un superávit libre porque son recursos comprometidos para 90 obras de infraestructura. Hay contratos y obligaciones financieras que comprometen a la universidad y por eso se habla de superávit comprometido. Los superávits se clasifican en superávit libre (exceso que queda de los ingresos y gastos ejecutados al final de un año; los recursos sobrantes se pueden utilizar en distintas áreas según las necesidades de las institución) y superávit específico (es ese excedente pero que por disposiciones especiales o legales tiene que utilizarse para un fin ya definido). Al 31 de diciembre de 2018, la UCR presentaba un superávit libre de ¢7.563 millones, lo que equivale al 1,87% del presupuesto total. Mientras que el superávit específico corresponde a un monto de ¢71.717 millones (17,7% del presupuesto total) y del cual el 45,4% pertenece a los programas de proyectos de inversión y megaproyectos, ambos rubros relacionados a obras de infraestructura.

Medidas de contención del gasto y docentes, estudiantes y administrativos pacificados

El año pasado la administración de la UCR anunció una serie de medidas presupuestarias para contener el gasto.

Para Caamaño, “los llamados a la no violencia y a la prudencia dentro de la universidad implican pacificación y las medidas de contención del gasto son posibles en la medida en que se enmarquen en este proceso de pacificación”.

Entre estas medidas mencionó: reducciones de pago de horas extra en un 20%; no contratación de personal interino nuevo; disminución de gastos de combustible en un 30%; reducción de gastos de capacitación en 20%; reducción en pagos divulgación 30%. Otra medida concreta fue el cierre de Trabajo Comunal Universitario (TCU) en la sede de la UCR del Pacífico.

“Estas medidas afectan más a las sedes regionales, al personal interino y a la acción social, todo lo cual significa ir modelando la universidad que se quiere”, resaltó Caamaño.

Desafío: Esta no es la única realidad posible

Caamaño cree que los recortes van a seguir porque hay un modelo de universidad que se quiere imponer. “Ya no hay marchas ni caminatas de blanco, no hay protestas, estamos silenciados, el proceso de pacificación ha tenido efecto. Hay procesos de segregación y pacificación a lo interno de la universidad, en donde se ven mal la protesta, la marcha, el bloqueo. Eso se ve como violencia y pérdida de razón; mientras que la universidad se erige como un lugar de paz, orden, raciocinio, pulcritud y alta cultura, lo cual implica una elitización de la universidad. Hay un incremento de la despolitización ante un futuro incierto y no hay reflexión. Hay aumento de la competencia entre docentes y falta de solidaridad, porque en la medida en que haya menos plazas, hay más lucha por las que existen. Hay una separación de los sectores sociales en lucha, lo que impide la organización de las comunidades en defensa de la universidad”. 

Meoño declaró: “No debemos aceptar esto como la única realidad posible. Tenemos que seguir insistiendo en defender nuestra autonomía universitaria y el presupuesto público; exigir transparencia en los asuntos internos de la universidad; comprometernos con la educación como bien social y derecho universal y como prioridad en las políticas píblicas; y seguir luchando para que no se consolide ese sometimiento a las universidades a intereses externos”.

RECUADRO
Breve cronología del financiamiento de la educación superior pública

  • Fines de los 70s: Se establece mecanismo que garantiza financiamiento de las universidades estatales. Se crea el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).
  • 1988: Se firma primer convenio FEES.
  • Principios de los 90s: Disminuye sensiblemente el presupuesto asignado a la educación superior (de un 1,15% del Producto Interno Bruto (PIB) al 0,80%) producto de los programas de ajuste estructural y reforma del Estado.
  • 1999: A partir de este año la situación empieza a mejorar de manera drástica.
  • 2010: Se reforma el artículo 78 de la Constitución Política, obligando al Estado a invertir el 8% del PIB en educación. El quinto convenio FEES establece que cuando la inversión estatal en educación alcance el 8%, a la educación superior le corresponderá un 1,5%.
  • 2015: A partir de este año la negociación del FEES se hace anual. Aumenta la conflictividad. 
  • Julio 2018: Se acuerda un crecimiento anual del 3% para el FEES. 
  • 17 octubre 2018: Asamblea Legislativa recorta el FEES en ¢10 mil millones.
  • 25 octubre 2018: Se crea Comisión Especial Investigadora del FEES en la Asamblea Legislativa.
  • 22 enero 2019: Universidades estatales presentan acción de inconstitucionalidad contra recorte al FEES.
  • Sala IV acoge acción de inconstitucionalidad.

Fuente: Artículo “El valor del presupuesto universitario y su aporte a la movilidad social y el desarrollo de Costa Rica” (Carlos Araya, Vicerector de Administración, UCR) y Foro “Mentiras y verdades sobre las finanzas de las universidades públicas”.

RECUADRO
Educación en disputa en el contexto latinoamericano

Para la investigadora Carmen Caamaño, el contexto en el que nos enmarcamos en Costa Rica con las finanzas de las universidades públicas tiene que ver con cómo la educación pasó a ser un servicio comercializable en la Organización Mundial de Comercio (OMC). “Esto le cambia el estatus a la educación y la coloca en un espacio de disputa, de batalla, donde múltiples actores pelean por hacerse con esa educación, que hasta ahora ha sido pública”.

Rita Meoño, docente e investigadora, acotó que “las universidades públicas están siendo sometidas a fuerzas, que en realidad son contrareformas y obedecen a macroprocesos de mayor calibre a nivel mundial y con particularidades para América Latina”.

“Antes, los modelos de desarrollo impulsaban a la educación superior como motor del desarrollo; ahora es sólo una mercancía más. De los años ochentas para acá el sistema capitalista presenta un comportamiento distinto, con un modo de funcionamiento financiero y rentista. Todos los derechos o las conquistas logradas en el pasado son blanco de ataque: Servicios públicos, pensiones, salud y educación; y la educación superior pública tiene un papel estratégico para el desarrollo de los países. La sociedad en su conjunto es un gran mercado y sólo en esta fase la educación superior es tratada como una mercancía”, afirmó Meoño.

“Las contrareformas al financiamiento de las universidades públicas tienen que ver con un impulso de los sistemas de acreditación; se pasa a un discurso de una transnacionalización de la educación superior, con actores globales, haciendo un mercado único; se precarizan los espacios laborales; hay una inclinación por la productividad; mayores controles de carácter administrativo por encima de lo académico; jornada laboral ampliada y un retroceso en los derechos laborales”, añadió.

“En América Latina las contrareformas van desde modificar constituciones políticas, hasta modificar sistemas de financiamiento, los cuales han ido pasando de uno público, a uno mixto, luego a uno de autogestión, e incluso hasta a uno de exigencia de financiamiento externo”, aseguró Meoño.

En noviembre del año pasado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ordenó un recorte de 5.000 millones de pesos ($250 millones) en los ingresos de las escuelas de educación superior en el Paquete Económico. Pocas semanas después, López Obrador debió rectificar y salir a decir que se cometió un error, ante las exigencias de las universidades públicas, y restituyó los recursos.

A principios de mayo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro bloqueó los presupuestos para las universidades, congelando un 30% del presupuesto de las instituciones federales, argumentando restricciones presupuestarias y la situación económica del país.

En Argentina, el presupuesto destinado al sistema de educación superior viene siendo recortado desde el año 2015. En agosto del año pasado hubo grandes manifestaciones de diversos sectores en Buenos Aires, porque los profesores de las 57 universidades públicas demandaban un aumento del 30% en los salarios, en línea con la inflación prevista.

RECUADRO

¿Cómo llegamos a este modelo corporativo de universidad en la UCR?

Las reformas que se están viendo en el país, y que para muchas personas son un retroceso, son 
en realidad macrotendencias para pasar de una concepción de la educación como bien público a una de servicio mercantil para quien pueda pagarlo. 

Rita Meoño indicó que se estaba pasando de una formación integral a procesos de capacitación y de instrucción para el mercado y los sectores productivos.

Justo la semana pasada, en una conferencia en la Universidad Latina de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado dijo: “Cada vez menos los títulos, como título, tienen importancia en el mundo de hoy. Y es cada vez más las capacidades y la certificacion de capacidades lo que se está buscando, y la capacitación continua en un mundo que cambia muy rápido”.

Con respecto a de dónde vienen estas confrontaciones sobre el modelo de universidad, Carmen Caamaño contó que se encontró un artículo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR, de 1997, en donde se planteaba una serie de recomendaciones para enfrentar las crisis de financiamiento. Por ejemplo: 

“Realizar esfuerzos para la generación de rentas o recursos propios, matrícula, venta de bienes y servicios, convenios de cooperación, donaciones, ingresos financieros, alquileres entre otros. Desarrollar un híbrido para aprovechar mejor los retos de las nuevas tecnologías de información. Investigar el cumplimiento que tienen los docentes, calidad de la docencia, asistentes. Estudiar características de la población que atiende, producción y calidad de los graduados. Analizar oferta de carreras, costo de carreras, sistema de evaluación de desempeño de los docentes. Estudiar las labores de investigación que realizan las universidades estatales, aplicabilidad de esta investigación a las necesidadesde la sociedad. Estudiar la función de la acción social”. 

“Ya desde antes había un cuestionamiento sobre para qué sirve la acción social. Mi hipótesis es que estas propuestas se vienen planteando en cada acuerdo del FEES. Cada acuerdo del FEES implica profundizar cada vez más un modelo de universidad corporativa, que va en función de las grandes empresas transnacionales, que va hacia el lucro, que se rige por rankings y productividad”, denunció Caamaño.

Y continuó: “La llamada modernización tiene que ver con procesos de gerencialización. Esto quiere decir una serie de mecanismos para hacer una transformación a lo interno de la universidad, que lo podemos ver en aumento de infraestructura, equipamiento, número de estudiantes, programas, el acuerdo con el Banco Mundial, que ha generado 22 edificios entre 2016 y 2018. Pero por otro lado hay más burocracia y trabajo invisible, menor participación política académica cuando entre un 60 y un 65% de docentes tiene contrato temporal y no votan en instancia colegiada; o la tercerización de las labores de limpieza, un indicador muy importante de cómo se está transformando la universidad con esta tendencia a bajar el gasto y aumentar el lucro”.