Rectores le solicitaron al Ministro del MEP que gestione la exclusión de las universidades de la aplicación de la regla fiscal. (Foto: archivo IT.com)

La carta del Consejo Nacional de Rectores (Conare) al ministro Mora puntualiza en que los parámetros de la “regla fiscal” aprobada como parte de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, son contrarios a la norma constitucional que faculta a las universidades estatales a darse su propia organización y administración, es decir, consagra la autonomía universitaria en nuestro país.

Desde este punto de vista, el Conare advierte que la pretensión del Ministerio de Hacienda de someter a las universidades a la imposición de la regla fiscal sería una violación al principio constitucional de la autonomía universitaria.

La Autoridad Presupuestaria se estaría extralimitando al querer someter los presupuestos de las universidades a una “certificación” según la regla fiscal a la que no tienen que estar sometidas porque una “norma técnica” no puede estar por encima de lo que establece la Constitución Política, señalaron los universitarios.

La carta al ministro Mora, en que le solicitan que se excluya a las universidades del procedimiento de la regla fiscal, está firmada por el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, presidente del CONARE.

La regla fiscal es una norma incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre pasado, que impone un límite de crecimiento de los presupuestos ordinarios de las entidades y organismos del sector público no financiero, de un 4,67% para el año 2020. Es decir, limita el crecimiento del gasto corriente en el presupuesto del gobierno en relación con el comportamiento de la deuda (53,6% en 2018) y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos cuatro años.

¿Una orden?

Los rectores recibieron la circular de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) que solicita a cada universidad la presentación el próximo 28 de junio, de la información detallada de sus presupuestos ordinarios de 2019, con clasificación por objeto del gasto y clasificación económica, en formato PDF y plantillas de Excel.

Esta orden, informó el Conare al Ministro Mora, nos advierte que “de no presentarse la información, la STAP certificará que los presupuestos para el ejercicio económico siguiente incumplen la “regla fiscal” con lo cual, las universidades estatales podrían quedar desfinanciadas.

Sobre este procedimiento, los rectores argumentan que nunca, ni las universidades públicas ni el Conare han estado sometidos a este tipo de regulación, verificación o supervisión de la Autoridad Presupuestaria.

“Sin embargo, aun cuando formalmente continuamos fuera de este ámbito, la implementación del procedimiento que se nos ha comunicado, en procura de la verificación del cumplimiento de la regla fiscal, se genera de hecho un mecanismo de control y de aprobación que causa el mismo efecto de estar sometidas nuestras instituciones de educación superior a dicha Autoridad Presupuestaria”.

Este hecho, según los rectores, de clasificar a las universidades estatales como parte del “sector público no financiero”, le da jerarquía a “una norma técnica” por encima de la Constitución Política respecto a la autonomía de administración y gobierno universitarios. Estos son parte de los argumentos jurídicos que los rectores le presentaron al ministro Mora, del MEP.