Alvarado saluda a representantes del sector pesquero.

La principal discrepancia tiene que ver con la demanda de los pescadores de que se incluya en la canasta básica productos como pargo, corvina y camarón, con lo cual pagarían un impuesto de 1% en vez del 13% con que quedaron gravados.

En el encuentro participaron altos funcionarios del gobierno, como los ministro de Agricultura, Renato Alvarado, de Economía Victoria Fernández y el de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez. También estuvieron presentes la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, el obispo de Puntarenas, Oscar Fernández Guillén, y la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackelford.

Tras la reunión, que se prolongó por casi tres horas, el ministro Alvarado dijo a la prensa que los pescadores quedaron insatisfechos con la propuesta que les hicieron las autoridades de revisar el tema del impuesto a los tres productos (pargo, corvina y camarones) en la próxima revisión de los productos integrantes de la canasta básica.

Estos tres productos no fueron incluidos debido a que en la encuesta que permite definir dicha canasta, ninguno de los tres apareció como de consumo frecuente en los sectores de menores ingresos, que es el criterio con que se define la lista.

Sin embargo, -explicaron los funcionarios- en aras de no perjudicar a los productores, el gobierno propuso incluirlos en la próxima revisión de la encuesta, lo que no satisfizo a los pescadores que demandan una desgravación inmediata.

Alvarado sostuvo que, pese a ello, las pláticas continúan.

En otros temas como las balizas (mecanismos excluidores de peces en la pesca de camarón con redes), el gobierno emitirá un reglamento que contemple la posibilidad de un daño incidental en dichos mecanismos,

Según explicó Alvarado, en la actualidad la policía costera tiene la obligación de pasar al Ministerio Público a los pescadores si encuentra un mal funcionamiento de las balizas, sin dar oportunidad a un proceso administrativo para resolver el problema.

Por otra parte, el gobierno emitirá licencias temporales para unos 600 pescadores artesanales, quienes “están en la informalidad y en una situación de indefensión jurídica”, pues en caso de se sorprendidos por los guardacostas pierden sus artes de pesca, indicó el ministro.

Las licencias serán por dos años, mientras Incopesca desarrolla los estudios para determinar aspectos técnicos de la biomasa y definir científicamente los periodos de veda.

“Mientras tanto, el espacio de negociación sigue abierto, con mesas para cada uno de los sectores. Vamos a seguir conversando con los palangueros, los molusqueros y otros que tienen problemas particulares”, concluyó el ministro.