El origen de la carta en que solicitan al ministro Fallas divulgar los nombres de los evasores, fue la noticia en la que Hacienda dio a conocer a la ciudadanía el proceso que condujo a identificar una evasión millonaria del pago de impuestos en el 2015, por parte de 335 empresarios importadores: “Aduanas encuentra evasión que podría superar C.53.000 millones en el último periodo fiscal” señalaba el comunicado oficial.

“Si el gobierno (Ministerio de Hacienda-Aduanas) nos está diciendo que ese robo de C.53.000 mil millones es de un solo periodo fiscal, entonces, ¿ha estado pasando (este robo de impuestos) en otros periodos fiscales? ¿Qué se ha hecho en esos otros periodos fiscales si esta barbaridad viene repitiéndose año con año?” pregunta además la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La ANEP insiste en que la mayor causa del déficit fiscal es la evasión y elución en el pago de impuestos por parte de grandes contribuyentes.

“Las verdaderas causas del déficit fiscal están relacionadas, entre otros aspectos, con los altísimos niveles de evasión y elusión tributarias” que de acuerdo a los cálculos de ANEP “rondan ya los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (8.5% del PIB), es decir, más de 2 billones 500 mil millones de colones (2.500.000.000.000.00)”.

La carta entregada en el despacho del Ministro de Hacienda, el viernes 5, plantea otras preguntas a la autoridad fiscal: ¿Podemos conocer si cada uno de esos 335 importadores ha pagado sus  impuestos y sus obligaciones tributarias de manera puntual, responsable y transparente? ¿Podríamos saber si están al día con sus obligaciones con la Caja y con la Seguridad Social?

Un “derecho” de la ciudadanía conocer esta información.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, le recordó a las autoridades de Hacienda que la solicitud de información de interés público como la requedida en esta ocasión, se fundamenta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica. El Ministerio de Hacienda tiene diez días hábiles, de rigor, para responder que se cumplen el 23 de agosto en curso. 

Es un “derecho de la ciudadanía conocer tal información, especialmente la clase trabajadora, asalariada y no asalariada, puntual pagadora de sus impuestos, como el de ventas al momento mismo de la compra en la caja registradora; y el de renta salarial que se rebaja de planilla automáticamente, con puntualidad”.