"Hemos estudiado durante varios meses la legalidad del decreto y estamos convencidos de que es posible regular la técnica por esta vía", afirmó el mandatario ante las objeciones de distintos sectores, que consideran que el tema solo se puede resolver mediante una ley aprobada por el Congreso.

Entre estos sectores está la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que poco antes de que Solís firmara el decreto, señaló que la aplicación de la técnica requiere de una ley aprobada por el Congreso.

"Con este decreto, se cumple con la sentencia emitida en el 2012 por la Corte IDH, que consideró que Costa Rica estaba afectando los derechos de las familias que deseaban acceder a esta técnica. El decreto garantiza la vigencia plena de los derechos humanos en Costa Rica", señaló un comunicado de la Presidencia.

La sentencia de la Corte internacional derogó un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en el año 2000 prohibió la aplicación de la técnica, argumentando que el procedimiento implica la eliminación de embriones humanos y, por tanto, es violatoria del derecho a la vida.

Desde el 2012, el gobierno de la ex presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) y la actual administración de Solís, han presentado al Congreso proyectos de ley para regular la FIV, pero todos han fracasado por la presión de los grupos evangélicos que tienen diputados en la Asamblea Legislativa.

"El decreto ejecutivo autoriza la técnica para atender la condición de infertilidad de parejas o mujeres mayores de edad, y prohíbe el desecho, la comercialización, la experimentación, la selección genética, la fisión, la alteración genética, la clonación, la inseminación post mortem y la destrucción de los óvulos fecundados", puntualiza el comunicado oficial.

La normativa establece además que solo podrán ser extraídos uno o dos óvulos en cada caso, y que todos los fecundados deberán ser implantados en la mujer, para evitar el desecho de embriones.

En definitiva, la legalidad del decreto emitido por el gobierno deberá ser resuelta por la Sala Constitucional, en el momento en que sea impugnado por los sectores opuestos, que ya han anunciado acciones en ese sentido.