La afirmación la hizo durante una movilización convocada por los sindicatos en momentos en que la Junta Directiva de la institución analiza una orden de la Contraloría General de la República que, de ser acatada, anularía los acuerdos suscritos con los representantes de los trabajadores en materia de pluses salariales.

“Consideramos que esto es un problema país, la clase política empresarial cree que puede administrar e interferir indistintamente las instituciones que tienen su propia autonomía, y para ello amenazan e intimidan como han hecho contra la Caja, utilizando para ello a la Contraloría General”, señaló.

El dirigente sindical explicó que la convocatoria de este martes se hizo de un día para otro porque no se sabía que la junta directiva de la CCSS se reuniría este martes para analizar el tema.

No obstante, dijo, los sindicatos de la institución estarán realizando esta semana una serie de asambleas con los trabajadores de base para decidir qué hacer ante lo que consideran una “amenaza grave”.

“Vamos a conocer lo que cada organización haya aprobado en sus asambleas y a consensuar las acciones que sean necesarias”, anunció Chavarría.

La movilización sindical de este martes provocó la paralización o el funcionamiento lento de diferentes servicios en clínicas y hospitales, según informes dados a conocer por las autoridades de la institución.

El pasado 20 de febrero, las autoridades y los sindicatos de la CCSS tomaron acuerdos en virtud de los cuales los trabajadores de la institución seguirían recibiendo los pluses y anualidades como un porcentaje de su salario base y no como un monto fijo, según establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada a finales del año pasado por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda declaró inaplicables tales acuerdos y exigió a la CCSS cumplir con las disposiciones de la ley. Esta circunstancia motivó una huelga de siete días que culminó con el acuerdo suscrito el 12 de agosto, que deja en manos de los tribunales contencioso-administrativos la resolución del diferendo.

El pasado 5 de setiembre, la Contraloría General ordenó a la junta directiva de la CCSS dar por anulados dichos acuerdos y proceder al cumplimiento de la ley de fortalecimiento de las finanzas publicas en todos sus extremos.

Esta disposición ha provocado un debate acerca de si  el órgano contralor tiene potestades suficientes para interferir en el manejo financiero de las instituciones autónomas.