Vuelven las protestas a Santiago -4 de setiembre- luego de que el gobierno decretara medidas menos restrictivas para controlar el COVID-19. En la foto una indígena porta la bandera mapuche, una referencia al duro conflicto con esta población en el sur del país. (Foto: AFP).

En la India, la semana pasada, se registraron más de 80 mil casos diarios. El viernes ya alcanzaban 87.115, superando también las mil muertes diarias, para un total de más de 70 mil muertos. Los expertos prevén que podría ultrapasar a Estados Unidos, aunque este, con casi 6,5 millones de casos, todavía supera ampliamente los cerca de 4,5 millones de la India.

El gobierno hindú ha tratado de desestimar la propagación del virus e insistir en la necesidad de reactivar la economía. Esta semana –señaló el periódico The Guardian– se informó de una caída de 23,9% del PIB el trimestre pasado, la mayor desde que se comenzaron a registrar esos datos, en 1996. Con muchos hindúes trabajando en el sector informal, las cifras podrían no mostrar en toda su dimensión la grave situación del país, señaló el reportaje.

En América Latina, luego de Brasil es México en país con mayor número de muertos: cerca de 70 mil; seguidos de Perú, con casi 30 mil; y Colombia, con cerca de 21 mil.

AMÉRICA LATINA: UN PANORAMA TÉTRICO

Cerca de 45 millones de latinoamericanos serán empujados a la pobreza o a la extrema pobreza como resultado de esta pandemia, estimó un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Más de un tercio de la población caerá en la pobreza: 231 millones de personas (de una población de 630 millones), personas que ya nopodrán alimentarse adecuadamente.

Mientras Europa invierte lo equivalente a 40% de su Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia, América Latina invierte apenas un 10%. Los resultados solo pueden ser catastróficos. El PIB latinoamericano retrocederá a niveles de hace una década, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena, en entrevista a Foreign Policy publicada el 4 de septiembre pasado. “Vamos a retroceder 14 años en términos del índice de pobreza” y también aumentará la desigualdad, agregó.

Ocho de cada diez personas en la región –491 millones de personas–vivirán con recursos solo tres veces por encima de la línea de pobreza. O sea, con menos de 500 dólares mensuales.

La Cepal sugiere medidas como establecer un ingreso básico de emergencia de 147 dólares por seis meses para los sectores más desfavorecidos; períodos de gracia para micro, pequeñas y medianas empresas endeudadas; pero también medidas fiscales, incluyendo el acceso a recursos de forma concesional. Bárcena mencionó 275 mil millones de dólares que estarían disponibles en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sugirió también capitalizar las instituciones internacionales de crédito, incluyendo el BID y el BCIE. Su tercera propuesta es la renegociación de la deuda.

Habrá que ver qué espacio existe para la aplicación de algunas de estas sugerencias de la Secretaria Ejecutiva de la Cepal. En países como Costa Rica, por ejemplo, el gobierno ha anunciado la negociación de un préstamo con el FMI, cuyas condiciones no han sido aún divulgadas, pese a que, al parecer, ya están definidas. Antes de anunciarlas el gobierno convocó a un “diálogo” con diversos sectores sociales, recibido con poco entusiasmo. El mismo gobierno señaló que no se trata de cambiar la esencia de lo negociado.

Lo que se espera es que el acuerdo incluya severas medidas de ajuste del gasto público y la privatización de empresas públicas, una decisión que enfrenta seria resistencia en el país, que cuenta con el sector público relativamente eficiente en materia bancaria, de telecomunicaciones, de energía, de salud pública y educación, entre otros.

Grupos empresariales conservadores, instalados en Casa Presidencial, y sectores políticos no ocultan su intención de aprovechar la crisis para avanzar en una agenda privatizadora y de recorte de gastos, que podría ahondar la crisis y hacer inviable la recuperación.

BOLIVIA: LO MEJOR QUE HA PASADO

Falta poco más de un mes para las elecciones generales en Bolivia, que se celebrarán el 18 de octubre, luego de dos postergaciones en medio de la pandemia de la Covid-19.

Una pandemia que –en opinión de la expresidente del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, en entrevista a medios de Argentina y Brasil y publicada en pasado 3 de septiembre– solo hizo resaltar “las características de un gobierno que no es fruto de la voluntad popular, sino de un golpe”.

Además de casos de corrupción en la compra de material sanitario, el gobierno de Jeanine Áñez ha tenido, en nueve meses, tres ministros de salud, dos ministros de economía y dos ministros de planificación. “Hay tensión y una crisis permanente en un gabinete que no tiene posibilidades reales de enfrentar al COVID-19”, afirmó Salvatierra.

De cara a las elecciones –de las que el expresidente Evo Morales fue impedido de participar– estimó que no significarán el fin de las tensiones sociales y políticas en el país.

“Hay una tensión mucho más profunda y esto se refiere a la radicalidad de nuestro proceso, que afectó diversos intereses, a nivel geopolítico y local”, como los de Elon Musk y su empresa Tesla, recordó Salvatierra.

Musk reivindicó su derecho a apoyar el golpe en defensa de sus intereses por el litio, del cual Bolivia es uno de los principales productores mundiales

Después de rechazar negociaciones con empresas occidentales para la explotación del litio, por no ofrecer condiciones aceptables para el país, el gobierno de Morales iba a firmar un acuerdo con China “que implicaba una inversión de 2.300 millones de dólares para industrializar el litio.

Tesla tiene activos por 76 mil millones de dólares, que la exsenadora comparó con los 42,5 mil millones del Producto Interno Bruto de Bolivia.

Musk tiene en sus cuentas bancarias “aproximadamente 34 mil millones de dólares más que todos los recursos económicos que utilizamos en nuestro país. Eso quiere decir, de una manera sencilla, que este hombre tiene casi dos Bolivia en sus cuentas bancarias”.

“Cometimos errores –agregó–, pero seguimos siendo lo mejor que ha pasado en la historia de nuestro país”.

Salvatierra denunció el relato del fraude luego de las elecciones de octubre del año pasado, una “operación en la que participa la Organización de Estados Americanos y confluyen los grandes medios de comunicación”.

Luego se desata la violencia contra los partidarios del presidente Evo Morales. Como lo señaló Gabriel Hetland, profesor asistente de estudios latinoamericanos en la Universidad de Albany, en un artículo publicado por el Washington Post, durante sus nueve meses en la presidencia Áñez ha “consolidado una brutal dictadura de derecha que ha asesinado a docenas de manifestantes civiles. Ha torturado, lesionado y encarcelado a muchos más. Ha censurado a la prensa”.

Salvatierra recordó que “cuando vieron que a la hermana de Evo, recientemente fallecida, le quemaron la casa; que Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, fue secuestrada y torturada durante horas, que le cortaron el cabello y fue obligada a caminar descalza en medio de turbas; o que la hermana de Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, el cuarto en la línea de sucesión, fue secuestrada y le quemaron la casa”, me vi obligada a renunciar.

“Si hubiera asumido la presidencia habría terminado con el baño de sangre que buscaba la oposición en ese momento para sostener su golpe”, agregó.

Los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), que encabeza Morales, son favoritos nuevamente para ganar las elecciones. Luis Arce, exministro de Economía y Finanzas Públicas de Morales, es el candidato a la presidencial con el excanciller David Choquehuanca como vicepresidente. Un posible triunfo del MAS que para los sectores más conservadores de la región sería “una tragedia política”.

Áñez aparece en tercer lugar en las encuestas. Carlos Mesa, que fue candidato en las elecciones del año pasado, aparece en segundo lugar en las encuestas y pasaría a la segunda vuelta si Arce no logra la mayoría absoluta en la primera.

DE ELECCIONES Y ELECCIONES

No solo en Bolivia se acudirá a las urnas en los próximos meses. Será un semestre lleno de elecciones importantes en la región: el referendo constitucional en Chile, el 25 de octubre; las elecciones generales en Estados Unidos, el 3 de noviembre; o las elecciones legislativas en Venezuela, el 6 de diciembre.

En Chile se trata de un proceso cuyo origen fueron las grandes protestas de octubre del año pasado –que tomaron por sorpresa al gobierno– y una de cuyas principales reivindicaciones es la reforma de la constitución heredada del período dictatorial encabezado por el general Pinochet.

Se trata, en realidad, de un largo proceso si –como lo indican todas las encuestas–, se aprueba la conformación de la constituyente. Los pasos siguientes serían la elección de sus miembros, probablemente en abril, y luego el debate constitucional.

Dada el aparentemente ya inevitable y arrollador triunfo del “Apruebo” en octubre, sectores conservadores, antiguos aliados de la dictadura, , como el posible candidato presidencial Joaquín Lavín, apuestan a defender sus intereses en las fases siguientes del proceso. También se dan situaciones confusas, como el caso del exsenador, exministro del primer gobierno de Sebastián Piñera y también aspirante presidencial Pablo Longueira, que luego de manifestarse a favor del “apruebo”, parece haber cambiado de posición.

“Yo estoy por el rechazo, quiero conservar lo que más se pueda de esa Constitución… ¿Cuál es la mejor forma para conservar esa Constitución, la mejor que ha tenido Chile? Dando la pelea en la convención, donde lleguemos todos legitimados, que el ‘Apruebo’ no se lo adjudique nadie”, dijo Longueira.

ALLENDE

El debate sobre el referendo constitucional ha coincidido con la celebración de los 50 años del triunfo de Salvador Allende y de la Unidad Popular (UP), en las elecciones del 4 de septiembre de 1970.

Con seminarios y mesas redondas en diversas partes del mundo se ha reflexionado sobre la importancia de esas elecciones y las consecuencias del golpe de 1973 que puso fin a la vida de Allende y a la experiencia de la Unidad Popular, y facilitó la consolidación de dictaduras militares en América del Sur.

“La experiencia histórica del gobierno chileno de Salvador Allende, como un proceso de transformación, no ha sido sobrepasada aún en América Latina”, dijo el destacado intelectual mexicano Pablo González Casanova, en el seminario organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si algo tenía Allende es que nunca representó un liderazgo elitista, nunca se alejó de las masas. El gobierno de la UP significó, en sus mil días, una profundización de la democracia, no solo en lo político y económico, sino también con la participación de la gente”, en opinión de su nieta, Marcia Tambutti Allende, presidente de la Fundación Salvador Allende.

Francisco Zapata, chileno, profesor Colegio de México, recordó la trayectoria política de Allende como parte de un “largo proceso que se inició en Chile en principios de siglo XX” y que, en su gobierno, promovió una serie de tareas pendientes, como profundizar la reforma agraria, con un destacado papel de su ministro Jacques Chonchol; la nacionalización del cobre, mediante un decreto del 11 julio 1971, que no indemnizaba las empresas extranjeras; y la creación del Área de Propiedad Social de la economía.

“Con el golpe todo se echó para tras, pero no la nacionalización del cobre, que sigue estando en gran parte en manos públicas”, recordó Zapata.

Finalmente, el periodista y escritor Luis Hernández, del periódico La Jornada, habló de la figura de Allende en México, señalando que “a 50 años del triunfo de la UP es fundamental recordar y rendir homenaje al hombre digno que no dudó en elegir entre la traición y la muerte”.

VENEZUELA

En Venezuela, luego de la convocatoria a elecciones legislativas para el próximo 6 de diciembre, Juan Guaidó, el presidente encargado nombrado por Estados Unidos y reconocido por diversos otros países, llamó a no participar en los comicios, por considerar que no había garantías. Una posición luego avalada por quienes lo apoyan internacionalmente.

Un argumento que perdió sustentación después que el gobierno de Venezuela invitó a Naciones Unidas y a la Unión Europea (pero no a la OEA) a enviar observadores electorales. Una invitación complicada para los europeos, que reconocen la “presidencia” de Guaidó.

Pero la semana pasada otro líder opositor, el excandidato presidencial Henrique Capriles, aceptó el reto y anunció su participación en los comicios.

“No vamos a dejar a la gente sin opción, que tengan que elegir entre alacranes o Maduro, entre opositores vestidos por Maduro y Maduro. No le vamos a regalar a la Asamblea Nacional a Maduro”, dijo Capriles.

Valoró, además, la invitación a las Naciones Unidas y a la UE. “Desde 2006 no hacía esto”, afirmó. De esta forma, Capriles asume el liderazgo de una oposición que se presenta fragmentada entre quienes se oponen a los comicios y entre quienes habían aceptado participar pero que no tenían una amplia representatividad entre los grupos opositores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de indultar a 111 opositores detenidos, anunció el pasado viernes 4 de septiembre, la renovación de su gabinete, con ocho ministros asumiendo candidaturas parlamentarias.

UNA ELECCIÓN MÁS: BID

Pero hay otra elección más estas semanas. El 12 de septiembre los accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligen a su presidente. La elección ha provocado esta vez diversas reacciones luego de que la administración Trump anunciara su intención de postular como candidato a Mauricio Claver-Carone, funcionario de origen cubano, nacido en Miami, director para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno norteamericano, partidario de una política agresiva hacia países como Venezuela o Cuba.

La designación rompe una tradición. El presidente del BID ha sido siempre un latinoamericano, con un norteamericano como vicepresidente.

“Mi padre nació en Madrid, mi madre nació en La Habana y yo nací en Miami. Hablo español igual de bien que cualquier otro candidato. ¿Qué nos hace a nosotros menos latinoamericanos que ellos?”, se preguntó Claver-Carone en una entrevista a Amanda Mars, del periódico El País.

Recordó, además, que el actual presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno, nació en Filadelfia y es ciudadano norteamericano. Habiendo anunciado en febrero la intención de lanzar su candidatura al cargo, la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla decidió retirarla la semana pasada, al no haber logrado negociar un cambio de posición con los Estados Unidos.

La decisión norteamericana ha sido criticada por un grupo de expresidentes latinoamericanos de posiciones “moderadas”, quienes afirmaron que la decisión de Washington “no anunciaría buenos tiempos para el futuro de la entidad”.

(* Historiador, Periodista, Escritor, gilberto.lopes@ucr.ac.cr).