Esta conmemoración promovida por la Federación Mundial de Salud Mental con el lema "Alternativas frente a la Crisis. El Valor de nuestros Derechos" y apoyada por la Organización Mundial de la Salud, aspira a que la sociedad y los gobiernos tengan un debate más franco en torno a los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención y tratamiento.

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Los problemas de salud mental tienen una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de forma significativa a la carga que suponen las enfermedades y a la pérdida de calidad de vida y suponen unos enormes costes económicos y sociales.

Los trastornos mentales están estigmatizados y, por lo general, se les considera enfermedades que disminuyen el valor de las personas afectadas para la sociedad. La imagen de una persona con trastorno mental, es como alguien que puede ser peligroso o incapaz de contribuir a la sociedad, y cuyo diagnóstico atemoriza al público y determina numerosas desventajas. Por eso hace unos años la ONU aprobó la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que fue rubricada por el gobierno español, cuyo cumplimiento está sometido periódicamente a una evaluación por este organismo internacional, y esperamos que el Gobierno Autónomo cumpla estos objetivos, en sus políticas dirigidas a las personas con discapacidad por trastorno mental y se refleje en todas sus políticas públicas. Hasta ahora, la Consejera de Sanidad, no ha mostrado ninguna capacidad de diálogo con el sector, el cual, no ha sido consultado en el borrador de anteproyecto de Plan de Salud.

Afirmamos la necesidad de que los gobiernos y los actores del desarrollo, tengan en cuenta a las personas que padecen trastornos mentales, en el diseño de estrategias y programas que incluyan a dichas personas en las políticas de educación, empleo, salud, protección social y lucha contra la pobreza. Subrayando la necesidad de que las autoridades sanitarias colaboren con los grupos pertinentes para cambiar las actitudes respecto de los trastornos mentales.

Los últimos recortes de inversión en la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, harán disminuir las oportunidades para las personas con discapacidad por trastorno mental grave y más aún en las personas mayores que necesitan diferentes recursos con diferentes intensidades de atención. Exigimos del gobierno autonómico, una acción más decidida en la implementación del Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD) que no signifique privatizar los servicios sociosanitarios.