Así lo planteó la Defensoría ante la Sala IV,  al responder a una consulta sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por varios diputados contra la ley conocida como “Prohibición de Relaciones Impropias”, que entre otros aspectos prohíbe el matrimonio de personas menores de edad.

Una de las objeciones planteadas por los recurrentes se refiere a un artículo de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  que establece la obligación de los estados de consultar a las comunidades indígenas aquellas medidas que puedan afectarles.

El recurso señala específicamente que en las comunidades autóctonas existe una práctica cultural de matrimonios que para el resto de la sociedad costarricense podrían considerarse precoces.

El Comité de los Derechos del Niño establece que “las prácticas culturales no pueden justificarse en ningún caso si se considera que son perjudiciales para la salud o el desarrollo del niño. Y en caso de existir prácticas perniciosas, como los matrimonios precoces y la mutilación genital de la mujer, el Estado parte debería colaborar con las comunidad indígenas para acabar con ellas”, argumentó la Defensoría.

La entidad también rechaza que la normativa viole la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que incluye el derecho de los jóvenes a formar una familia.

“Al respecto, considera la Defensoría que las normas y disposiciones de dicha convención son aplicables a las personas menores de edad en la medidas en que les resulten más beneficiosas que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, entre los cuales cabe mencionar el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de abuso físico, mental, sexual, malos tratos o explotación”, agrega el documento.

La Defensoría consideró “de vital importancia” que la Sala declare la no existencia de vicios o trámites inconstitucionales al proyecto de ley.