Las obras en la trocha 1856 se hallan virtualmente abandonadas.

Las autoridades costarricenses no se habían referido al anuncio, pero hace pocos días el canciller Enrique Castillo dijo que no temían una condena de la CIJ, porque Nicaragua no presentó pruebas de sus acusaciones durante las audiencias que se llevaron a cabo el mes anterior en La Haya.

Nicaragua asegura que durante la construcción de la ruta se ha causado severos daños al San Juan, producto de la deforestación y las erosiones que han arrastrado gran cantidad de lodo al cauce del río.

Argumenta que el derecho internacional obligaba a Costa Rica a presentar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras, y que San José no cumplió con ese requisito.

Según los representantes de Costa Rica en La Haya, durante las audiencias sobre este caso, el país presentó al tribunal los resultados de un estudio realizado por reconocidos expertos en el campo, según el cual no existe ninguna afectación al río San Juan por las obras realizadas en su margen derecha.

Es importante también, desde el punto de vista de las autoridades costarricenses, que la carretera está siendo construida enteramente en territorio soberano de Costa Rica, lo cual diferente en esencia del caso de Isla Portillos, que es un territorio en disputa y al que Nicaragua ha entrado y ocasionado daños en violación de las disposiciones de la CIJ, que en dos ocasiones ha ordenado despejar el área.

La petición de Nicaragua ante la máxima corte de la ONU es para que Costa Rica detenga de inmediato la construcción de la carretera y presente un estudio de impacto ambiental.