Imagen. Foto ilustrativa tomada de google.

México / Bogotá. El mismo día en el que el Margaret Keenan, una británica de 90 años, recibía oficialmente la primera vacuna contra el coronavirus de manos de una enfermera filipina, en las dos mayores urbes latinoamericanas, Ciudad de México y São Paulo, se presentaban las rutas con las que las autoridades de México y Brasil pretenden proteger la salud de sus ciudadanos en medio de la pandemia.

Un primer paso hacia un largo proceso de inmunización en la región. Mientras tanto, millones de latinoamericanos se preguntan entre la esperanza y la desconfianza cuándo les tocará a ellos. La respuesta es compleja.

En la región más desigual del planeta, los planes de vacunación se enfrentan a la falta de recursos para acceder a las dosis y las infraestructuras para su manutención y distribución, además de a una creciente politización, aderezada con buenas dosis de desinformación.

Mientras algunos países han ido sellando acuerdos con diferentes laboratorios en la búsqueda por la inmunización de su población, otros tienen sus esperanzas puestas en el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), un plan impulsado en parte por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es “acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la covid-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo”.

Además de esta agrupación de recursos, en COVAX las naciones más pobres disponen de una suerte de acceso o compromiso de compra anticipado (AMC por sus siglas en inglés) financiado mediante fondos para el desarrollo. Pero cada una es libre para adquirir paquetes de dosis por su cuenta.

En América Latina, cada vez más países se están embarcando en estas compras bilaterales. Los más grandes y con mayores ingresos en la región entienden, además, que COVAX beneficiará sobre todo a los de menor nivel de recursos. Por eso, y porque la presión política actúa por comparación (cada gobierno siente quizás que su gestión durante la pandemia se medirá ahora en dosis disponibles por cabeza), el mercado se está acelerando. Así son los planes de compra de vacuna, país por país:

Según los datos analizados por EL PAÍS, Chile es el país con el mayor stock pre adquirido de vacunas, pero tres cuartas partes de ellas son de la china Sinovac, sin pruebas de efectividad aL día de hoy.

Ecuador y México, el país con un portafolio de compras más diverso, incluyen acuerdos con dos de las firmas más prometedoras actualmente (Oxford con AstraZeneca y Pfizer). En Argentina, Brasil y Venezuela apuestan principalmente por la rusa de Gamaleya y su proyecto Sputnik V, que ha anunciado una efectividad muy elevada, pero que todavía despierta dudas en la comunidad científica. Mientras, en países como Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y varias islas del Caribe recibirán dosis de Covax dado que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “bajo criterios económicos son los países más pobres o porque, por su pequeña población, tienen más dificultad de acceso”.

Sin embargo, en los últimos meses, varios países han anunciado acuerdos con farmacéuticas para la adquisición de vacunas adicionales. Les contamos, con la ayuda de los corresponsales de EL PAÍS en América Latina, cómo está la situación en las diferentes zonas de la región:

MÉXICO

✍️ Por Elías Camhaji

México tiene acuerdos de intención de compra para 198 millones de vacunas, aunque este mes solo recibirá 250.000 dosis de Pfizer. El objetivo inicial era inmunizar a 2,6 millones de personas en una primera ola de vacunación, entre diciembre y enero, pero el flujo tomará más tiempo, con envíos de 1 millón de dosis al mes durante el primer trimestre de 2021. Según anunció este martes el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el medicamento se aplicará inicialmente en dos zonas, la Ciudad de México y el Estado de Coahuila, en el norte del país, y su distribución estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que la vacuna será gratuita y universal para los 127 millones de habitantes.

Se espera que el prototipo de Pfizer sea aprobado a mediados de este mes, unos días después de que los reguladores estadounidenses lo autoricen, y que la vacuna china de CanSino también se apruebe en las próximas semanas. El plan de vacunación consta de cinco fases: la primera, que comenzará este mismo mes y se extenderá hasta febrero, estará dirigida a los sanitarios que luchan en primera línea contra la covid-19. La segunda etapa (de febrero a abril) beneficiará al resto de trabajadores de la salud que no lidian directamente con la pandemia, a los mayores de 60 años y a las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad. La tercera etapa, de abril a mayo, incluirá a los mayores de 50 años; la cuarta, de mayo a junio, a las personas de 40 a 49 años, y en la última, de junio de 2021 a marzo de 2022, será vacunada el resto de la población.

Si las primeras dosis suministradas serán las de Pfizer, conforme avancen los meses el reto será administrar un portafolio que incluye cuatro prototipos diferentes. México negoció en octubre comprar hasta 34,4 millones de dosis de Pfizer; 77,4 millones de Oxford y AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 51,5 millones a través de la iniciativa Covax, con el que se podrá tener acceso a la vacuna de Moderna, la más cara de las disponibles. Rusia quiere mandar al país hasta 32 millones de dosis, aunque no se han entablado pláticas formales para comprarlas. Además, Jansen ya ha comenzado ensayos de fase 3 en México, mientras que Novavax y Curevac están en trámites con el país norteamericano también.

Las esperanzas iniciales del Gobierno estaban puestas en la vacuna de Oxford y AstraZeneca, con quienes firmó en agosto un acuerdo para producir y distribuir a otros países hasta 250 millones de dosis, en asociación con Argentina y la fundación del magnate Carlos Slim. López Obrador ha dicho que se destinarán 20.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares), aunque si el país concreta la compra de las 198 millones de dosis, el costo será superior a los 35.000 millones de pesos (1.659 millones de dólares). Esa diferencia se saldaría al concluir en 2021 pagos mensuales contra entrega, según las autoridades.

CENTROAMÉRICA

✍️ Por Wilfredo Miranda

En Centroamérica, Costa Rica y Panamá son los países más aventajado en la búsqueda de la inmunidad contra la pandemia. El gobierno del costarricense Carlos Alvarado firmó un contrato de fabricación para la vacuna contra la covid-19 con Pfizer y BioNTech. Se prevé que el suministro de esta vacuna sea de tres millones de dosis, lo que permitiría proteger a un millón y medio de los 4,9 millones de habitantes del país.

Por su parte, el panameño Laurentino Cortizo anunció en noviembre un acuerdo con Pfizer para la compra de 4 millones de dosis de la vacuna para el país de 4,2 millones de habitantes. Las vacunas, para las que se invirtieron 48 millones de dólares, servirán para inmunizar a dos millones de personas, ya que cada paciente requiere dos dosis.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la compra de dos millones de dosis de una vacuna contra la Covid-19 a partir del primer semestre de 2021. “Ya concluimos el acuerdo para el suministro de las primeras 2 millones de dosis de la vacuna para la Covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford”, anunció Bukele en su cuenta de Twitter. En declaraciones a los medios, aseguró que su Gobierno adquirirá cuatro tipos de vacunas diferentes contra la Covid-19, pero dijo que no podía revelar los nombres de las otras tres farmacéuticas. Según afirmó, la vacunación será “gratuita, universal y voluntaria” para los 6,4 millones de salvadoreños.

Guatemala, el país más poblado de la región, con más de 17 millones de habitantes, tiene garantizadas 3,3 millones de vacunas gracias al mecanismo Covax OMS. En las próximas semanas, el Gobierno de Alejandro Giammattei prevé anunciar el plan preliminar de cómo va a ser distribuida y manejada la vacunación en el país.

Por su parte, Honduras y Nicaragua, considerados los dos países más pobres de la región, no tienen un plan claro para obtener el antídoto contra el coronavirus, pero centran sus esperanzas en que la comunidad internacional los subvencione. Hasta hoy, la principal apuesta de Centroamérica, recientemente golpeada con severidad por los huracanes Eta y Iota, es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la iniciativa Covax. En Nicaragua, la nebulosa sobre las vacunas es mayor, debido al secretismo natural del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Aunque se ha barajado la posibilidad de que Rusia envíe su vacuna Sputnik V por la cercanía política de Managua y Moscú, dando prioridad a los trabajadores de la salud, enfermos crónicos y adultos mayores, la información oficial es confusa. Iván Acosta, el ministro de Hacienda del Gobierno sandinista informó la semana pasada que disponían de 107 millones de dólares para adquirir la vacuna contra el coronavirus, procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), pero el director de la segunda organización aseguró que Nicaragua no ha solicitado financiamiento al respecto. Los únicos países en hacerlo han sido, hasta ahora, Honduras y Guatemala. A su vez, la vicepresidenta Rosario Murillo informó sobre una reunión con un equipo de la OPS en la que se habló del avance de cuatro vacunas, pero no dio detalles de si había algún acuerdo o cuándo podrían llegar al país.

REGIÓN ANDINA

✍️ Por Santiago Torrado, Florantonia Singer, Sara España y Jacqueline Fowks

En Colombia, las autoridades han optado por combinar una estrategia multilateral y varias bilaterales –de las que no han trascendido los detalles– para buscar la inmunización. El país de cerca de 50 millones de habitantes hace parte del Covax, un mecanismo por el que tiene aseguradas vacunas para diez millones de personas, planteadas para el segundo semestre de 2021. Además, mantiene negociaciones bilaterales, bajo acuerdos de confidencialidad, con seis farmacéuticas en fase tres de desarrollo –Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino y el Serum Institute de la India–. En esos casos, esperan obtener cinco millones más para el primer semestre del 2021, con lo que completarían la primera fase de vacunación contra la covid-19. “No podemos confirmar el número que estamos negociando con ninguna empresa. El objetivo son 15 millones y llevamos ya vacunas para 10 millones”, dijo la semana pasada el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Una resolución del Ministerio de Hacienda filtrada por la prensa reveló que el Gobierno tiene dispuestos unos 123 millones de dólares para adquirir diez millones de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech –que corresponden a cinco millones de personas, por la necesidad de una doble dosis–.

El plan colombiano prioriza en esa primera fase a los trabajadores de la salud (unos 813.000), los mayores de 60 años (6,8 millones) y las personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedades cardiacas, entre otras (6,7 millones). La vacuna será gratuita, según lo determina el proyecto legislativo que ya pasó por el Congreso. Uno de los aspectos más criticados fue que las farmacéuticas quedarán eximidas de pagos de indemnizaciones derivados de efectos adversos de la vacuna. El país tiene un sólido historial de vacunación, sin grandes movimientos adversos, pero las cadenas de desinformación promovidas a través de redes sociales pueden elevar la desconfianza frente a las farmacéuticas, afirma Cristina Vélez, de Linterna Verde, un grupo interdisciplinario que ha estudiado la percepción ciudadana sobre el tema en Colombia. “Como la vacuna es también un problema de confianza, la misma falta de transparencia puede dañar el proceso”, advierte.

En Venezuela, Nicolás Maduro planea iniciar una vacunación masiva contra la covid-19 a partir de abril y ha asegurado la inmunización de al menos 10 millones de personas. El gobierno venezolano ha apostado por el producto desarrollado por sus aliados rusos, la Sputnik V, de la que se trajeron en octubre dosis de prueba para 2.000 voluntarios venezolanos. Así, Venezuela fue el primer país de América Latina en probar esta medicina cuestionada en el mundo científico por la falta de transparencia e inconsistencia en los datos de las primeras dos fases del desarrollo del Centro Nacional Gamaleya publicadas en la revista científica The lancet. No se conocen los resultados de esta fase ni a quienes se las aplicaron.

Venezuela ha señalado que no solo vacunará, sino que también participará en su fabricación en una planta en Caracas. En la geopolítica sanitaria de Maduro, cercado diplomáticamente por la crisis política del país, también se ha apoyado en sus otros socios, los chinos, que durante la pandemia le han proveído de las pocas pruebas rápidas y moleculares que ha podido realizar el país, que llega a diciembre sobre los 100.000 casos confirmados en solo dos laboratorios autorizados para el diagnóstico y más de 900 fallecidos. Pese a que el mandatario se ha mostrado optimista con la llegada de las vacunas rusas, el esquema básico de inmunizaciones está en vilo. El país quedó fuera del programa Covex por las deudas que acumula con el organismo, 11 millones de dólares desde 2017. Este podría ser un escollo adicional para obtener líneas de crédito para adquirir las vacunas contra la Covid-19.

El Gobierno de Ecuador asegura que empezará a vacunar desde enero al personal sanitario que está en primera línea y a las personas de tercera edad que conviven en albergues. Según la planificación del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, la distribución de vacunas de forma masiva para el resto de la población no iniciará hasta marzo. “En varias ciudades del país, entre el 22 % y el 44 % de la población ya se ha contagiado; esto sería uno de cada tres ciudadanos”, dimensionó el titular de la cartera, que después matizó que no hay ninguna evidencia de que quienes hayan tenido la Covid-19 deban recibir la vacuna. Las primeras 50.000 dosis que llegarán al país andino serán de la farmacéutica Pfizer y BioNTech. Pero no serán las únicas, de acuerdo con la versión oficial, pues ya se han adelantado 20 millones de dólares como un anticipo para asegurar el acceso a 18 millones de dosis. En total, auguran un gasto en vacunación de 200 millones de dólares. Las autoridades han asegurado, además, que se han mantenido conversaciones con cuatro distribuidores para acceder a la vacuna: de Covax, de la OMS, a la de AstraZeneca a Moderna y Covaxx.

Perú ha adquirido las primeras vacunas a Pfizer-BioNtech y espera la entrega -a fines de diciembre o enero- de un primer lote para administrar dos dosis a 25.000 personas en marzo o abril, informó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a una comisión del Congreso este martes. En total, la compra al consorcio británico asciende a 9.9 millones de dosis, de las que 5.7 millones llegarán en el primer semestre de 2021. Además, el Gobierno peruano negocia la compra de otras 26.8 millones de dosis con Gamaleya, Covaxx, Astra Zeneca, Janssen y Sinopharma -las dos últimas realizan ensayos clínicos de fase 3 en el país sudamericano-.

Según el presidente Francisco Sagasti, las primeras dosis serán para personal de salud de primera línea, policías, militares y bomberos. Por su parte, Mazzetti ha indicado que la inmunización será gratuita para la población general y que podría realizarse en los locales de votación de las elecciones generales -escuelas y universidades- aunque no durante los comicios, previstos para abril, sino en otras fechas. Una ley del Congreso, además, garantiza que el acceso a la inmunización contra el nuevo coronavirus será “libre y voluntaria” en los establecimientos públicos de salud. De acuerdo a una encuesta nacional urbana de Ipsos realizada en agosto, un 75% de los peruanos está dispuesto a vacunarse. Sin embargo, desde hace un par de meses hay campañas de desinformación contra la vacuna en el país. Entre los sectores que se oponen están grupos neoconservadores, los defensores del dióxido de cloro y congresistas de los grupos políticos Podemos Perú y Unión por el Perú, quienes promovieron en noviembre dejar vacante la presidencia y respaldaron el gobierno interino de Manuel Merino.

Bolivia es uno de los países que tendrá acceso prioritario y gratuito al plan de Covax, pero por el momento se desconoce de otros acuerdos. El mes pasado, el ministro de Salud, Edgar Pozo, dijo que había desarrollado “contactos fructíferos” con organismos internacionales para aplicar la vacuna contra el nuevo coronavirus gratuitamente en el primer trimestre de 2021 y que el personal sanitario y los grupos vulnerables tendrían prioridad. Además, aseguró que el país tenía “de dos a tres alternativas interesantes”, entre ellas la de Oxford y la rusa Sputnik V.

BRASIL

✍️ Por Beatriz Jucá

En Brasil, existe una intensa batalla política en torno a la contratación y aprobación de las vacunas contra la covid-19. El país, un experto en las campañas de inmunización, puede quedarse atrás en la carrera mundial mientras los políticos compiten por los laureles de la vacuna que han decidido patrocinar. El Gobierno Federal cerró acuerdos para comprar alrededor de 300 millones de dosis en 2021. La mayoría de ellas provienen de la gran apuesta del presidente Bolsonaro: la vacuna de AstraZeneca, de la que el Gobierno espera adquirir 260 millones de dosis al largo del próximo año. Otros 40 millones de dosis vendrían a través de Covax. Pero Brasil no prevé comenzar su plan de vacunación hasta marzo. Se espera que las primeras 15 millones de dosis de AstraZeneca lleguen al país en enero, pero su proceso de autorización podría tardar 60 días.

Este retraso en la distribución de la vacuna ha provocado reacciones de políticos opositores y expertos. El gobernador de São Paulo, João Doria, ya tiene un acuerdo de transferencia de tecnología y adquisición de dosis con Coronavac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac, cuyo plan de distribución fue anunciada este mismo martes, pero que ha sido rechazada públicamente por el presidente Bolsonaro, opositor del gobernador de São Paulo. Aunque el medicamento aún no está registrado, Doria anunció que iniciará la campaña en en enero. Pretende inmunizar a 9 millones de personas, pero necesita al menos una autorización especial de la agencia brasileña de sanidad (Anvisa), donde Bolsonaro ha colocado cada vez más aliados en posiciones estratégicas.

Otros gobernadores han presionado al presidente para que la disputa política no provoque más retrasos en la campaña de vacunación, han intentado comprar dosis por su cuenta y uno hasta acudió a la Corte Suprema para solicitar autorización para la vacuna, en caso de que Anvisa se niegue a hacerlo. Ante la presión, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, anunció este martes que el país negocia la compra de otros 70 millones de dosis de la vacuna desarrollada de Pfizer. De ellos, 8,5 millones podrían llegar en el primer semestre. Esa vacuna había sido originalmente descartada porque necesita ultracongeladores que no tiene el sistema de salud brasileño, pero el Gobierno asegura estar trabajando en la adquisición de refrigeradores, jeringas y agujas. Sin embargo, el funcionario insistió en el pronóstico de 60 días para la aprobación de los medicamentos, por lo que la campaña nacional no comenzaría hasta después de febrero.

CONO SUR

✍️ Por Federico Rivas Molina y Rocío Montes

Argentina se ha hecho con 47 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 (22 millones compradas a AstraZeneca y 25 millones de Sputnik V al Instituto Gamaleya), suficientes para inmunizar al 60% de su población. El Gobierno de Alberto Fernández mantiene, además, negociaciones con Pfizer y Janssen, dos empresas que ya realizan ensayos clínicos en el país sudamericano, el primero desde agosto y el segundo desde noviembre.

Este jueves, el presidente anunció la firma del acuerdo con Rusia por el que prevé que se vacunen 300.000 personas antes de fin de año y otros 10 millones entre enero y febrero. Para dar confianza a la población, Fernández dijo que él será el primero en recibir la inmunización de Sputnik V en el país.

Además, en agosto pasado, AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron un acuerdo con la Casa Rosada para producir en el laboratorio argentino mAbxience el principio activo de su vacuna, paso previo a su envasado en México y el reparto de las dosis en América Latina. Se espera que las entregas empiecen en el inicio del próximo año. El Ejecutivo anunció días atrás el arranque de un plan de vacunación de grupos de riesgo durante la primera quincena de enero. Alberto Fernández dijo que esperaba que para marzo estén vacunadas unas 10 millones de personas, para una población total de 44 millones.

Chile pretende comenzar la vacunación contra la covid-19 en el primer semestre de 2021, según anunció el presidente, Sebastián Piñera, en el marco de un plan que contempla la inmunización de 15,2 millones de personas. Cerca de Navidad arribarán las primeras 25.000 dosis del laboratorio estadounidense Pfizer, que haría llegar en lo inmediato otras 25.000 dosis. Además, antes del 15 de enero llegarán otras 2 millones de dosis del laboratorio chino Sinovak. En total, serán algo más de 2 millones de vacunas en la etapa inicial, que serán voluntarias y gratuitas. Habrá tres grupos prioritarios: los trabajadores de la salud, del transporte y las Fuerzas Armadas y del orden.

“Hemos logrado acuerdos o hemos firmado contratos con muchos laboratorios, entre los más promisorios del mundo como, por ejemplo, Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca y otros. Adicionalmente, desde hace meses, somos parte de Covax”, explicó Piñera, que el sábado fue sorprendido en una playa compartiendo con otras personas sin usar mascarilla y, ante la polémica, optó por autodenunciarse ante la Justicia. Si el plan de vacunación funciona de acuerdo a lo previsto por el Gobierno, en el primer trimestre del 2021 habrá 5,8 millones de personas vacunadas. Son cifras que alimentan la esperanza en un país que no ha logrado controlar la pandemia y cuyas cifras de contagio han obligado a las autoridades a endurecer las medidas. Desde el jueves, toda la capital volverá a cuarentena los fines de semana y quedará prohibidos los viajes a otras regiones para los habitantes de Santiago de Chile.