Por Christian Palma

Santiago. Los incendios forestales ocurridos en las regiones del Bío-Bío y la Araucania, que costaron la vida a siete brigadistas, mantienen al rojo la polémica entre las comunidades Mapuche y el gobierno de Sebastián Piñera.

El consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), José Santos Millao, dijo ayer que responsabilizar al pueblo originario, invocando la ley antiterrorista, por los siniestros sólo demuestra el racismo del presidente de Chile y su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

En una entrevista radial, el histórico dirigente mapuche agregó que “murieron siete compatriotas, que son hijos nuestros y se envía acá a un ministro del Interior que, en vez de estar preocupado por indagar los hechos y buscar las causas, involucra inmediatamente –invocando la ley antiterrorista en una querella– y responsabiliza al pueblo mapuche”.

Pero no fue todo. “Aquí impuso inmediatamente en práctica el odio hacia nuestro pueblo Mapuche, que no sólo tiene que ver con un racismo sino que tiene que ver con que al señor Piñera y al señor Hinzpeter les molesta nuestra presencia”, sostuvo el dirigente.

En esa línea, insistió en que “Piñera y Hinzpeter son racistas. A ellos les gustaría ver en la práctica una especie de apartheid, una especie de nazismo o de fascismo... Y eso se viene practicando desde los primeros pasos, cuando se nos pretende someter por las armas para hacernos desaparecer de nuestro territorio”.

En tanto, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) –organización que reivindica la autonomía de la etnia mapuche del Estado chileno– negó las acusaciones que los señalan como autores del incendio que el pasado jueves desató la tragedia en el sur de Chile. Héctor Llaitul, líder de la coordinadora, sostuvo a través de un comunicado, pues se encuentra detenido en la cárcel de Angol, afirmó que las acusaciones son un montaje para justificar la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM. “Esa estrategia busca consolidar dicha ley como una herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año que se vislumbra con mayores movilizaciones y luchas”, complementó.

Acto seguido, dijo que las tierras afectadas por las llamas “son territorio ancestral mapuche usurpado por el empresariado forestal, responsables de esta tragedia”. Para el líder mapuche, es lamentable la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores que también son “víctimas del sistema económico, que laboraban en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad y que fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una de las familias más ricas de Chile”.

Llaitul se refiere a la Forestal Mininco S. A., parte del holding CMPC de la familia Matte, con importantes negocios en Chile, Argentina y varios países de Latinoamérica. “Frente a las acusaciones emitidas por dirigentes del actual gobierno y parlamentarios de derecha señalamos, enfáticamente, que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el Fundo Casa de Piedra en Carahue”, insistió.

Desde el gobierno, el intendente de la Araucania, Andrés Molina, respondió a Llaitul y descartó que el gobierno haya culpado a la comunidad mapuche de provocar el incendio. “Nunca hemos dicho que tengan relación con ese incendio, lo que hicimos fue una relación con los atentados anteriores, el ataque a un predio, galpones y un helicóptero, que sí se adjudicaron, hasta en el mismo lugar de los hechos”, dijo el intendente.

En ese escenario, senadores opositores al gobierno anunciaron que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un recurso en contra de la aplicación de la ley antiterrorista contra las comunidades mapuche.

El presidente del Senado, Guido Girardi, coincidió en que el gobierno intenta criminalizar a través de la ley antiterrorista a las comunidades mapuches, en vez de asumir su responsabilidad por la falta de una política para combatir este tipo de incendios. Agregó que esta normativa viola una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos.