Ante una solicitud formulada por los abogados de las víctimas “el gobierno de Costa Rica respondió a la Corte IDH que avala la solicitud formulada por los representantes de esas familias”, expresa un comunicado oficial.

Esto implica que se mantenga la vigencia del decreto mientras el Congreso no emita una ley que regule la fecundación in vitro, como ha solicitado la Sala IV, señaló el director jurídico de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal.

El comunicado oficial explica que el Poder Ejecutivo respeta las competencias del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, pero que existe el deber del país de cumplir con una resolución de la Corte IDH y que, por tanto, se hace necesario que se mantenga la vigencia del decreto hasta que haya una ley sobre la materia, en aras de cumplir con los deberes del país en materia de derechos humanos.

“Es posible regular los derechos fundamentales de las personas por vía reglamentaria”, señala el comunicado, el cual agrega que “no es necesario que el reconocimiento de un derecho humano esté contenido en una ley formal, tal como lo sostiene la propia Corte IDH”.

El gobierno señala además que de los proyectos de ley que pretenden regular la FIV, el que está más avanzado tiene “graves deficiencias que harían inviable la aplicación de la técnica”, además de que irrespeta estándares fijados por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos.

El decreto que las víctimas y el gobierno piden mantener vigente a la CIDH fue emitido por el presidente Luis Guillermo Solís el 10 de setiembre pasado, en el ánimo de evitar una segunda condena por parte de la Corte IDH, que hace tres años ordenó al país restablecer el derecho de los ciudadanos al uso de esa técnica reproductiva.

Sin embargo, la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo y anuló el decreto el 3 de febrero anterior, considerando que la materia solo puede ser regulada por medio de una ley emitida por el Congreso.