Marco Castillo dirige la Organización Intersectorial pro Derechos Humanos.

“Lamentablemente, este juez plasmó en la sentencia todas sus creencias fundamentalistas, negando aspectos esenciales de la ley”, afirmó el abogado, quien asegura que la sentencia es una aberración jurídica que solo demuestra el pensamiento religioso de su autor.

“Si alguien revisa su Facebook, podrá comprobar que él habla contra la homosexualidad, presentó un recurso de amparo contra la resolución de vender la pastilla del día después, presentó un recurso de amparo contra la norma técnica que se hizo para salvar a las mujeres cuando su vida peligra por un embarazo, presentó nueve notas y recursos ante la Judicatura y la Sala Constitucional diciendo que se le tenía que exonerar a los jueces de familia que por conciencia no quisieran casar personas del mismo sexo”, afirmó Castillo.

 

Antecedentes

Castillo efectuó en julio de 2015 el matrimonio entre dos mujeres, una de las cuales aparecía inscrita en el Registro Civil como hombre. Cuando el hecho se hizo público, la institución corrigió el sexo de esta persona y presentó una acusación penal contra el notario.

 A su vez, la Dirección Notarial pidió al juzgado notarial una sanción contra Castillo.

No obstante, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a raíz de una consulta del gobierno de Costa Rica, dictaminó que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una discriminación violatoria de los derechos humanos y ordenó al estado costarricense corregir las leyes que lo prohíben.

A raíz de esta sentencia y a raíz de un recurso de amparo interpuesto por Castillo, la Sala Constitucional reconoció la competencia de la Corte IDH en esta materia y pidió a los diputados que procedieran a efectuar los ajustes requeridos en la legislación en un plazo de 18 meses, que vence el próximo 26 de mayo. De no hacerlo así los legisladores, el Registro deberá iniciar la inscripción de dichos matrimonios entre personas del mismo sexo aún sin las leyes aprobadas.

“Luego de esta resolución de la Sala Constitucional, el juzgado penal y la Fiscalía reconocieron que no era delito lo que yo había hecho porque el matrimonio es un derecho humano reconocido por la Corte IDH y me sobreseyeron absolutamente de las acusaciones penales”, explicó el notario.

Sin embargo, quedó pendiente el juicio notarial que el juez Porras resolvió con una suspensión de casi 15 años para Castillo, en una sentencia dictada la semana anterior la cual, a juicio del afectado, está plagada de arbitrariedades y violaciones a la ley.

 

Sentencia insólita

“En la sentencia, entre las cosas más relevantes, el juez dice que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se aplica a Costa Rica ni a ningún país de América”, lo cual contradice las disposiciones de la Sala Constitucional, que ha reconocido plenamente la competencia de la Corte IDH.

“Y para fundamentar sus afirmaciones, lo que hizo fue utilizar el voto salvado de uno de los siete magistrados, que resolvieron el recurso de amparo. No se necesita saber derecho para comprender que eso es una aberración”, agregó Castillo.

“Entonces, lamentablemente, este juez plasmó en la sentencia todas sus creencias fundamentalistas”.

“Es un activista, aparece retratado en una manifestación junto al rector de la UACA, conocido por sus posiciones ultraconservadoras. Eso es aceptable para un ciudadano común, pero un juez tiene la obligación de fallar de acuerdo con las leyes y no según sus convicciones religiosas”, agregó.

Por otra parte, dijo el notario, la sanción es excesiva porque la Sala Constitucional ya ha resuelto que nadie puede ser suspendido del notariado por más de 10 años.

Castillo dijo que el martes fue presentada una apelación al juzgado para que sea conocida por el Tribunal Superior. “No creemos que el Tribunal confirme la sentencia, sería algo increíble, pero en todo caso nosotros iríamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener justicia”.

El abogado y notario destacó además que el juez Porras tomó en esta sentencia resoluciones que no corresponden a sus facultades jurisdiccionales, como anular el matrimonio efectuado por Castillo y que dio pie a este proceso. “Él como juez notarial no puede anular un matrimonio, eso es potestad exclusiva de los jueces de familia, así lo establece la ley”, apuntó.

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También incurre en la arbitrariedad de pedir al Registro Civil la lista de matrimonios entre personas del mismo sexo que se encuentran haciendo fila para su inscripción, con el propósito de sancionar a los notarios que los han efectuado, “un acto que también está completamente fuera de sus potestades”, dijo Castillo.