La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido Pérez, indicó que la ejecución de esta norma presupuestaria ha significado severas afectaciones, principalmente para el Sector Educativo. La eliminación automática de plazas, tal como está normada, provoca que no puedan utilizarse para la prestación de servicios públicos de gran relevancia para la ciudadanía y para mantener los mecanismos de control y vigilancia sobre los recursos públicos.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) documentó que con esta norma no se pudieron nombrar para el inicio del año lectivo, 900 plazas docentes y de otros servicios de los centros educativos, que afectan a 20.000 estudiantes de diferentes niveles en todo el país.

"Es un paso positivo que se lograra un alto consenso para un proyecto que busca evitar el avance automático e irreflexivo de esa norma. Permite a los ministerios contar con un mecanismo de revisión, junto la Autoridad Presupuestaria, para definir cuáles plazas puede eliminarse o no. Las plazas del servicio docente y las plazas de policía no serán eliminadas ", señaló Guido Pérez.

La legisladora señaló que es clara la evidencia del impacto de dicha norma presupuestaria en las instituciones del Estado y sus efectos sobre la prestación de servicios esenciales. Ejemplo de lo anterior son las plazas de jueces, docentes y auditores internos que se se han eliminado en los últimos meses.

El otro ministerio que se ha visto muy afectado es el de Seguridad Pública, que también documentó las necesidades y las consecuencias de no poder nombrar personal policial y de otras dependencias del ministerio.