Durante el allanamiento, la Policía secuestró documentos que pudieran aportar datos sobre eventuales delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes en que habrían incurrido ambos funcionarios, que fueron indagados esta tarde.

Según informó la Fiscalía, el esposo de la presidenta municipal negoció un acuerdo ilegal con un concesionario privado que había ganado una licitación para brindar servicios de transporte al municipio, en virtud del cual recibió un beneficio económico, “al parecer con el pleno conocimiento de Serrano”.

“El contrato fue originado por un acuerdo del Consejo Municipal, en el cual se definió que los síndicos y regidores de las zonas más alejadas del cantón iban a ser transportados desde sus casas hasta el gobierno local para que sesionaran una vez a la semana. A través de una licitación, se contrató a un empresario de la zona el transporte en buseta con la ruta Peñas Blancas- Colorado- Las Juntas y viceversa, por un monto de ¢2.940.000, el cual incluía 84 viajes durante todo el 2015”, precisó la Fiscalía.

“Una de las personas que utilizaba el servicio es la presidenta municipal, su esposo era el que conducía la buseta”, agrega el comunicado oficial.

La investigación de la Fiscalía apunta a que el alcalde también conoció del hecho y era consciente del conflicto de intereses, pero no actuó para detener la “actuación irregular”.