Foto. Edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
En una reunión concertada por el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, acordaron con la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, la continuidad del Consultorio Jurídico especializado que opera desde hace 20 años, asumiendo la universidad los costos que la Defensoría no puede afrontar.
El rector de la UCR, consideró que la población de escasos recursos con derechos humanos vulnerados no puede quedar “a la deriva” y destacó el compromiso de ambas instituciones para continuar atendiendo este servicio de asesoría legal.
"Como universidad, nos preocupó mucho que personas con casos delicados en derechos humanos y en condiciones de alta vulnerabilidad quedaran a la deriva, sin la protección adecuada. Por eso decidimos asumir el pago del salario de la abogada coordinadora, porque de ninguna manera podíamos permitir que una restricción económica afectara a estas poblaciones", destacó el rector.
La Defensora explicó que debido al fuerte recorte presupuestario que sufrió la institución se decidió suspender temporalmente el acuerdo de la asesoría legal para concentrar los recursos en aspectos operativos generales. Esta opción se planteó por “imposibilidad de pago del salario de la abogada coordinadora del servicio legal” que brinda la Facultad de Derecho.
Crespo destacó los aportes de los estudiantes a la Defensoría a través del consultorio jurídico así como los aspectos que retribuye la institución en la formación de los futuros abogados al desarrollar su sensibilidad por la protección de los derechos humanos y la protección de las personas más vulnerables de la sociedad.
La mayoría de las causas que atiende el consultorio jurídico tienen que ver con casos de trata de personas, delitos sexuales, vulneraciones a poblaciones indígenas, mujeres, niños y niñas que han requerido defensa, casos de trabajadores, familias en proceso de perder sus viviendas por diversos motivos, entre otros.
La oficina ubicada en la Defensoría de los Habitantes forma parte de la red de Consultorios Jurídicos de la UCR, en los que los estudiantes avanzados de la carrera de Derecho realizan su práctica profesional atendiendo situaciones de personas que carecen de recursos económicos para pagar los servicios de un abogado privado.
Para Gutiérrez Espeleta, este acuerdo es una expresión concreta del compromiso de la Universidad con las poblaciones más desprotegidas en el país.
Crespo dijo estar satisfecha por el acuerdo logrado entre ambas instituciones, que evitará una afectación directa a las personas que acuden a la Defensoría de los Habitantes en busca de protección y apoyo jurídico.
