El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la recolección de firmas para someter a referendo un proyecto de ley que busca establecer mecanismos para que la ciudadanía ejerza control sobre las instituciones del Estado.

La iniciativa,  promovida por un grupo de ciudadanos, busca crear “comisiones de observación ciudadana” cuya función será controlar el buen desempeño y la transparencia de los funcionarios en ministerios municipalidades, instituciones autonómas, semiautónomas y otros organismos estatales.

Los promotores del proyecto deberán recoger 155.200 firmas, equivalentes al 5% de los 3.003.992 electores inscritos en el padrón, según el último corte del TSE.

En su exposición de motivos, el proyecto señala que “la transparencia y la ética en la función pública, han venido a menos durante las últimas décadas”.

“Durante los últimos 30 o 40 años, se ha evidenciado un franco deterioro en el servicio de muchas instituciones públicas. Son miles y miles de gestiones que realiza la ciudadanía en las que existe, de previo, el pago de un soborno”, señala el documento.

“No obstante, estos casos  empequeñecen en comparación con las grandes estafas cometidas contra el  Estado por parte de los que se supone que deben defender los intereses de este y, por ende, el de todos los ciudadanos. Solo basta con mencionar los eventos más recientes: el caso Caja- Fischel, y el caso de ICE-ALCATEL”,  apunta.

Los comités

La normativa propuesta establece la creación de comités integrados hasta por 15 ciudadanos, cuya función será observar y opinar sobre diversos aspectos de las instituciones estatales: la formulación de planes de desarrollo, la elaboración y cumplimiento de presupuestos; las licitaciones y contrataciones y la designación de altos cargos, entre otros aspectos.

Los miembros de las comisiones trabajarían ad-honorem y serían escogidos por sorteo entre todos aquellos ciudadanos que se postulen y que cumplan con varios requisitos, entre ellos no ser parte de la institución observada, no tener familiares que trabajen en ella y no tener ningún tipo de interés comercial relacionado con dicha institución.

Los miembros de las comisiones serían nombrados por dos años renovables y podrían ser removidos en cualquier momento por la Contraloría General de la República si su conducta riñera con la ética o los objetivos del trabajo de observación.

Una necesidad nacional

Raúl Alvarado Sibaja, impulsor de la iniciativa, explicó que el proyecto fue presentado al TSE en diciembre de 2011  y que en estos dos años ha pasado por una serie de procesos de revisión y análisis por parte de los magistrados y de organismos especializados, como la dirección jurídica de la Asamblea Legislativa.

“Este proyecto de ley no puede clasificarse ni de derecha ni de izquierda, ni de progresista o conservador, la corrupción no conviene a nadie (excepto a los corruptos)”, manifestó Alvarado, matemático y profesor universitario jubilado.

Alvarado señaló que, “aparte de lo que la ley en sí misma propone, el proceso de conseguir firmas de apoyo y el referendo en sí mismo, constituyen un proceso formidable para que el pueblo desarrolle conciencia y comprenda que es posible tener un sistema democrático mucho mejor que el que actualmente tenemos, que el pueblo puede ser actor en la democracia participativa y no simplemente espectador”.

En las próximas semanas,  el TSE  deberá publicar  el texto de la ley en la Gaceta y  afinar los detalles de formato de las hojas para la recolección de firmas.