El pago por servicio ambientales, considera el sector ecologista, es una política de Estado equivocada

El Foro reunió a responsables políticos, profesionales, la sociedad civil, el sector privado, investigadores y organizaciones regionales e internacionales que se dedican en el desarrollo, implementación y soporte de los mecanismos de PSA.

En COECOCEIBA tenemos una visión crítica sobre los PSA debido a que es una herramienta que promueve la comodificación de la Naturaleza, con la cual no estamos de acuerdo, es por esto que en medio de la realización de este foro, externamos nuevamente nuestra visión sobre este mecanismo.

¿Qué es el Pago por Servicios Ambientales (PSA)?

El PSA es un reconocimiento financiero por parte del Estado, a los y las propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Hoy en día, ese concepto ha sido ampliado para abarcar y crear mercados de PSA donde los mismos puedan ser comprados y vendidos en distintas formas, esto conlleva la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos.”(1)

Los sistemas de PSA enfrentan la dificultad de que no pueden cuantificarse en forma exacta y presenta un enfoque reduccionista donde valores culturales, espirituales y sociales de la biodiversidad son dejados de lado con los respectivos impactos en comunidades locales y Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, es un mecanismo que no cuestiona o propone soluciones a las causas de la degradación ambiental y tampoco cuestiona el consumismo depredador.

¿Qué conlleva el PSA?

El PSA tiene varias formas de expresión, en algunos países, funciona como un sistema de incentivos (que además en algunos casos transfiere fondos de un sector social económicamente poderoso a otro debilitado o entre la ciudad y el campo). En otros, donde se utilizan los fondos provenientes de impuestos para la conservación de la Naturaleza y en otros como sistemas mercantilistas. Si bien es cierto que algunos de estos sistemas pueden funcionar en lugares y condiciones específicas y hasta tener impactos positivos, la utilización del concepto PSA al volverse algo cotidiano provoca que perdamos la visión de la que la Naturaleza realiza funciones desde siempre y estas son gratuitas y está en nuestras manos impedir que políticas y actividades la destruyan.

La realidad es que el “mercado” de los “servicios ambientales” está aumentando sin que muchos lo sepan y una de las razones de que esto suceda, es que en la Conferencia de las partes del Convenio de Cambio Climático, no se quieren tomar decisiones sobre una reducción drástica de la contaminación en los países más industrializados, por otro lado, diversos análisis muestran que lo que sí habría avanzado en dicha conferencia, son las negociaciones por un acuerdo sobre REDD+, uno de los “servicios ambientales” que más han incentivado los gobiernos de los países contaminadores del Norte y que implica la capacidad de los bosques de absorber CO2, con la idea de que pudieran absorber parte de la contaminación atmosférica producida por los países contaminadores.(2)

Situación en Costa Rica

Costa Rica es un país con vasta experiencia en el PSA cuyo sistema ha sido expuesto en muchos foros internacionales y ha sido presentado como uno de éxito. Desde el sector ecologista, tenemos una visión crítica del mismo.

El programa posee problemas estructurales, debido a la mezcla que hace del reconocimiento por los beneficios a la sociedad brindados por los ecosistemas boscosos, y por otro lado el financiamiento a la actividad maderera con lo cual se han financiado plantaciones de monocultivo, y no la recuperación de bosques. Es importante recalcar que la modalidad de reforestación del PSA se ha centrado en las instalación de plantaciones de monocultivos de especies exóticas (Teca y Melina principalmente). Esto pone en la mesa, que hay una alta subvención a monocultivos en Costa Rica, alrededor de $4.0 millones, dedicadas a producir madera para tarimas de exportación de frutas principalmente la piña.

El gobierno le atribuye al PSA la recuperación del 30 % de la cobertura forestal del país. Así se pasó de un 21% de cobertura en 1987 a un 51,4 %. Sin embargo, es necesario recalcar que mucha de esta recuperación de la cobertura forestal se dio por la disminución del mercado de la carne entre los 70 y 80, la prohibición de cambio de uso del suelo.

Si se analiza todo el proceso de trámites, financiamiento, beneficiarios, entre otros, es importante mencionar que es un proceso que dificulta la participación de pequeños productores debido a que uno de los requisitos más importantes es la necesidad del título de la tierra, que deja fuera a propietarios deudores y a propietarios de aquellas zonas de tenencia incierta. Por otro lado, existe una excesiva cantidad de requisitos y esto representa tiempo y dinero, los cuales muchos de los pequeños y medianos propietarios no poseen, beneficiando así a los grandes productores que pueden solventar el gasto.

En territorios indígenas, existe mucho desorden en algunos casos, porque el dinero es usado de manera individual y corrupta. En los últimos años han surgido interrogantes sobre si tales esquemas abren oportunidades o si generan nuevas amenazas para comunidades campesinas e indígenas. Si esos grupos no cuentan con derechos amplios y seguros, las posibilidades de participar en mercados y esquemas de PSA son escasas.

A pesar de estos problemas estructurales, Costa Rica trabaja actualmente en implementar REDD+. Esta estrategia se viene discutiendo desde el 2010 en el país, sin embargo comunidades indígenas y campesinas han manifestado su preocupación por la poca información existente. Dentro de las preocupaciones de los y las indígenas por ejemplo, se encuentra la usurpación de bosques sagrados e importantes para su espiritualidad, el desarrollo de una consulta indígena a pesar de la poca información que poseen; el temor por la privatización de los bosques y las restricciones que conlleva el proyecto en el uso cotidiano del mismo para elaborar sus casas, obtener medicinas y alimentos. Además, se vislumbra que ésta propuesta sea financiada principalmente por medio de los mercados de carbono con los problemas que esto conlleva.

Desde el sector ecologista se ha discutido el tema y nos parece que lo que realmente se necesita es:

- generar por parte de los Estados, políticas públicas para ayudar a las comunidades que buscan conservar y recuperar sus áreas forestales, sin necesidad de transformar esas acciones en mecanismos perversos como el comercio de servicios ambientales, lo que profundiza el proceso de mercantilización y financiarización de la naturaleza,

- exigir informaciones a las autoridades, a los parlamentarios, sobre la reglamentación ya aprobada y la que está siendo discutida sobre este tipo de actividad,

- más apoyo en forma de políticas públicas para la agricultura campesina e indígena que fortalecería la seguridad y la soberanía alimentaria de esas poblaciones y de las regiones en las que están viviendo,

- luchar por el reconocimiento de los derechos de los pueblos sobre sus territorios,

- incluir el apoyo a experiencias de aprovechamiento de madera caída además de restauración de bosques y apoyo a experiencias de manejo de bosques comunitarios,

- los saberes tradicionales no pueden tratarse como servicios ambientales y ser comercializados.

(1) Ribeiro, Silvia; Los verdaderos colores de la economía verde en El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, setiembre – octubre 2011, número 468 – 469, pp. 23 – 26

(2) Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Enero de 2014. Boletín Mensual - Número 198.