· Fue probado en el juicio que Rosa Elena Gamboa nunca recibió un centavo mal habido.

· El Tribunal admite que cambio de medidas cautelares a un sospechoso fue legal y válido.

· Se probó que el sospechoso cumplió con las medidas cautelares durante 14 meses, incluso después de iniciado el juicio.

· Testimonio de juez que se graduó con tesis plagiada y que sigue trabajando en el Poder Judicial, fue admitido como válido por el Tribunal.

En una sentencia arbitraria, ilegal y perversa, que deshonra al sistema judicial costarricense, la ex jueza de Limón Rosa Elena Gamboa fue condenada a 12 años de prisión únicamente por su amistad con el abogado de un sospechoso de narcotráfico al que, con total justificación legal, cambió la prisión preventiva por otras medidas cautelares.

Cuando fue detenida en mayo de 2014, el Ministerio Público dijo al país que había caído la jefa de una organización criminal que tenía relación con peligrosos narcotraficantes (declaraciones del fiscal general Jorge Chavarría); que vendía absolutorias por sumas millonarias y poseía cuantiosos bienes por todo el país, producto de sus delitos; que controlaba las agendas del despacho para escoger los casos que veía, entre otras mentiras.

El Ministerio Público no incluyó estos grotescos cargos en la acusación formal porque –según testimonios de agentes del OIJ en el juicio- los fiscales ya sabían, aún antes de la detención de Rosa Elena, que nada de eso era cierto. Pero, además, en el debate se confirmaron plenamente los siguientes hechos:

1. Que no existía ninguna organización criminal, lo cual es obvio porque la única acusada fue la licenciada Gamboa.

2- Que ella no recibió nunca dinero que no fuera el correspondiente a su salario y que su patrimonio no experimentó ningún crecimiento sospechoso. Esto lo determinó un informe de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ, tras una ardua investigación, informe que fue ocultado por el Ministerio Público a la defensa durante meses, lo cual demuestra su mala fe.

3. Que Rosa Elena Gamboa nunca dictó una sentencia absolutoria arbitraria a favor de ningún implicado en delitos de narcotráfico. (Testimonios del exjefe de la sección de drogas del OIJ en Limón, Cristian Douglas Campbell, y de la coordinadora de fiscales de juicio de Limón, Carmen Zúñiga Castro, testigos del Ministerio Público).

4. Que la ex jueza Gamboa no controlaba las agendas del despacho, que las audiencias eran asignadas a los jueces según rol pre-establecido y que en ningún caso ella intervino para modificar ese orden (Testimonios de los jueces de Limón Xinia Marín Calvo –coordinadora-; Verónica Dixon; Elena Montero y el técnico judicial Jorge Sáenz Pavón; todos testigos de la Fiscalía, así como el juez Manuel Fallas Calderón y la ex funcionaria Elsabeth Bedford Cambronero, testigos de la Defensa).

Del show mediático a la realidad

Después de haber formulado todas esas falsedades para el consumo de los medios de comunicación, el Ministerio Público acusó a Rosa Elena únicamente por cambiar la prisión preventiva por otras medidas cautelares a un sospechoso de narcotráfico, Raduán Zamora, con lo que habría procurado su fuga, lo cual también es falso.

Además, le acusó por un supuesto tráfico de influencias y una supuesta presión a una jueza para que dejara en libertad a un sospechoso, dos evidentes montajes a los que nos referiremos más abajo y uno de los cuales derivó en absolutoria.

Al dictar su sentencia, el pasado 18 de marzo, ante la total ausencia de pruebas, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José justificó su fallo condenatorio diciendo que la ex jueza tenía una relación de amistad con el abogado de Raduán Zamora y que por eso le cambió las medidas cautelares.

Pero el tribunal afirma en la misma sentencia que “la resolución por la que se cambia las medidas a Zamora es un voto “legítimo y firme, que nunca ha sido declarado como prevaricante”.

En otras palabras, que la ex jueza Rosa Elena Gamboa fue condenada a 12 años de prisión por un acto absolutamente legal y así lo afirma el mismo tribunal que dictó la sentencia.

En sentido contrario tendríamos que entender que si la ex jueza hubiera dictado una disposición ilegítima y prevaricante, el tribunal habría dictado una sentencia absolutoria y ella no habría sufrido la persecución despiadada de la que ha sido víctima.

Pero aquí no termina la historia. Durante las audiencias en el juicio contra Rosa Elena, quedaron absolutamente demostrados los siguientes hechos:

1. Las medidas cautelares impuestas a Raduán Zamora por Rosa Elena cumplieron su cometido de mantener al acusado ligado al proceso.

2. Zamora cumplió durante todo el proceso hasta el juicio (durante año y dos meses) con todas las medidas cautelares que Rosa Elena le impuso, entre ellas la de presentarse a firmar al juzgado y luego al tribunal cada ocho días, depositar una fianza de tres millones de colones, entregar el pasaporte, no salir del país, entre otras (pruebas aportadas del expediente de Zamora).

3. El día del juicio, Zamora presenta a través de su defensor una constancia de incapacidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y pide que el juicio se posponga dos días mientras se recupera de un problema de salud. El tribunal a cargo de este juicio, del que Rosa Elena Gamboa no era parte, rechaza la solicitud y separa a Raduán Zamora del debate que sí realiza para los otros acusados. Por su parte, el fiscal ahí presente no solicitó un cambio de medidas cautelares para el imputado.

Es después de esta decisión judicial, ajena a Rosa Elena Gamboa, que Raduán Zamora incumple la medida de no salir del país. Pero… ¿Por qué se fuga este imputado?

4. Los agentes del OIJ Clever Paco y Yulian Masís, que el Ministerio Público lleva como testigos al debate de Rosa Elena, revelaron dos hechos claves: uno de ellos es que el OIJ comenzó a investigar a Raduán Zamora por un asunto de lavado de dinero y el otro que el OIJ tenía informes confidenciales de que Zamora planeaba fugarse. Esta nueva investigación la inició el OIJ 7 meses antes de que Zamora Valerio saliera del país y obviamente era de conocimiento del Ministerio Público. Hasta un allanamiento fue realizado en la casa de habitación de Zamora, quien mantenía el mismo domicilio. No obstante, el fiscal no pidió prisión preventiva en esta nueva causa contra el imputado ni un cambio de medidas cautelares en la causa anterior.

Lo más asombroso es que aún dos días después de iniciado el debate del que Zamora fue separado porque el tribunal decidió no esperar dos días para que él se integrara, este imputado se presentó a firmar a ese mismo tribunal, cumpliendo con las medidas cautelares que Rosa Elena le había impuesto. Pero nunca fue detenido por el OIJ. Y el tribunal que condenó a Rosa Elena afirma que “no pudieron” detenerlo, cuando tuvieron al menos 7 meses para hacerlo si era eso lo que querían.

Debe quedar claro que eran el OIJ y el Ministerio Público los que conocían la información de la investigación que realizaban y sólo ellos podían ponerlo en conocimiento de un juez o de un tribunal.

Así que todo se reduce a una sola consideración: Rosa Elena era amiga del abogado de Zamora. Si el mismo criterio se aplicara siempre en Limón, probablemente todas las sentencias y resoluciones favorables a los imputados serían susceptibles de acción penal contra los jueces, puesto que en localidades pequeñas los abogados -jueces, fiscales, defensores o litigantes- se conocen y en muchos casos tienen entre sí relaciones de amistad en algún grado.

A Rosa Elena Gamboa la condenaron también a dos años de prisión por supuestamente haber intentado presionar a un juez para que no dictara prisión preventiva en contra de una persona acusada de conducción temeraria, una farsa grotescamente montada por sus enemigos.

Esa sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal con base en el testimonio de dicho juez, un individuo que tiene sentencia firme por el plagio del libro de otra persona, el cual utilizó como tesis para graduarse como abogado. Este juez que robó una propiedad intelectual, que mintió a la Universidad que le dio el título y a la Corte Suprema de Justicia que lo nombró en el cargo, es a quien el Tribunal ha dado toda la credibilidad para condenar a Rosa Elena.

Pero lo más escandaloso del asunto es que ese señor a quien el Consejo Superior de la Corte ha despedido“por su falta de probidad” en dos ocasiones, sigue trabajando como juez de la República bajo la protección vaya a saber uno de quién o quienes en el Poder Judicial, como premio a su participación en esta farsa.

Así que estamos ante una sentencia arbitraria, ilegal y despiadada en contra de una funcionaria judicial que siempre actuó con honradez y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal ha tenido incluso la saña de dictar seis meses de prisión preventiva, sin que la sentencia esté firme, contra Rosa Elena, una mujer de 64 años que tiene diversos problemas de salud, que siempre se ha sometido al proceso, que cumplió rigurosamente con todas las medidas cautelares impuestas previamente por los jueces y que acudió a todas las audiencias del juicio.

Con igual saña se le allanó su vivienda con innecesaria y prohibida violencia, con un despliegue de prensa dirigido por la oficina de prensa del OIJ y con una gran cantidad de oficiales armados hasta los dientes para detener a una mujer en ese momento de 62 años de edad y con diferentes padecimientos, todo lo cual hicieron cuando ya los mismos fiscales habían determinado que era falso que existiera una organización criminal.

Ha quedado evidenciado que Rosa Elena es víctima de personas que ocupan puestos de relevancia y que se han ensañado en su contra por razones inconfesables. No tenemos las pruebas en contra de estas personas porque siempre han actuado cobardemente, ejerciendo sus influencias desde la sombra. Pero sería un antecedente nefasto para el Estado de derecho y el sistema de administración de justicia que esa sentencia se sostenga.